El gobierno intenta cerrar la programación con un acuerdo salarial afín

Los riesgos de eventuales desequilibrios se concentran casi exclusivamente en la posibilidad de que la inflación retome el empuje perdido en octubre y el actual mes de noviembre disparando un proceso de indexación con aumento de conflictividad capaz de crearle problemas serios al gobierno en el último tramo de su administración. En octubre, el gobierno fue obligado a ejecutar una serie de medidas heterodoxas para manejar los precios de tal manera de asegurarle a los formadores de precios y a la población en general que nadie estaba dispuesto en el Ejecutivo y naturalmente, en el Banco Central, a permitir que la inflación superara el 10% al término del año. Esa política supuso una serie de costos importantes que se reflejan en el sacrificio fiscal y el balance del BCU. Empero, según fuentes del equipo económico consultadas por LA REPUBLICA en la tarde de ayer, el problema fiscal no es una preocupación para nadie en la actualidad dado que el producto y la recaudación están subiendo más de lo esperado. El problema es la inflación con su carga extraeconómica incluida.

En esa línea el gobierno está observando con preocupación expectativas que permanecen elevadas (ver recuadro con los datos de la encuesta de hoy).

El Copom pudiera elevar aún otro cuarto de punto la tasa de interés en su reunión del próximo 6 de diciembre, pero, esencialmente, la preocupación del equipo económico pasa por la negociación salarial, un área en la cual sus responsabilidades en el gobierno se comparten con otros vértices de ejecución de política, el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, o la propia OPP. Oficialmente, a comienzos de esta semana, el subsecretario de Economía y Finanzas, Mario Bergara informó que la pauta para el crecimiento de los salarios en 2008 ­públicos y privados­ sería del 4,25% como porcentaje de recuperación agregado a la inflación que las expectativas están indicando aproximadamente para el año calendario próximo. Ese 4,25% de crecimiento real del salario contiene una proyección de inflación del 6%, aproximadamente y compondría un aumento nominal medio del salario en el Uruguay del 10,25% nominal aproximadamente.

Ese es el porcentaje que ya ha utilizado el MEF para negociar conflictos recientes, en la salud por ejemplo. La dificultad consiste en que el gobierno no las tiene todas consigo en la negociación con los funcionarios públicos y, se entiende en el gobierno, que una pauta recogida en la negociación de los privados y con una expectativa de superación en el sector público no tendría eficiencia alguna. Con lo cual aparece el riesgo de que esta perspectiva ya condicione los movimientos de los privados en la negociación actual.

Es preciso tener en cuenta que la reducción de la desocupación ­constante en el próximo año­ va a fortalecer la posición negociadora de los sindicatos. La proximidad de la campaña electoral favorece ese potencial de incremento mayor, frente a lo cual, en los próximos días, el gobierno endurecerá sus posiciones e intentará explicar porqué no tiene márgenes mínimos para aceptar demandas mayores. *