La renuncia a la prevención de riesgos debilita el cambio

Por diferentes razones que no vienen al caso, el sistema financiero local sigue ostentando una liquidez extraordinaria a la vez que algunas de sus instituciones comienzan a mostrar balances que, muy lejos aún de componer riesgos, no dejan sin embargo de generar inquietudes respecto a lo que sucederá con el crédito en el futuro. Incluyo aquí el riesgo de administración de la deuda pública de corto plazo que no ha sido refinanciada.

La intermediación financiera se ha ampliado no sólo a zonas no controladas por el regulador sino que ha sido integrada hace tiempo al modelo de gestión de cadenas de valor, agropecuarias en particular. Hay, además, una intermediación del crédito externo que utiliza instrumentos y garantías disponibles que, al igual que lo que sucede en esa intermediación con el ahorro interno, está progresivamente lejos del control preventivo de riesgo. Tanto del que pudiera afectar en otros escenarios que los actuales las redes de pagos, como aquellos capaces de generar hechos y noticias de impactos indeseables sobre la estabilidad y la confianza.

Sin evidencia ni números que lo confirmen aún, existe una extendida sospecha acerca de que, en los dos últimos años, el crecimiento y las conductas empresariales y familiares asociadas a las expectativas, se han despegado de la capacidad reguladora y preventiva del Estado. Esta sospecha refiere a las relaciones de supervisión y garantía social del riesgo, cuya responsabilidad inevitable recae en el Estado. Esa responsabilidad reguladora o supervisora de riesgos sociales no tiene nada que ver con las funciones policíacas o invasivas propias de los viejos modelos. Es un arte difícil de conciliar con el voluntarismo natural de la política. Se provee y cuida o se expone a la sociedad a riesgos demasiado elevados. Los escenarios externos están cambiando en extremos tales que sería una tontería afrontar la reprogramación de las tareas para lo queda del año y, sobre todo, para los años de la transición electoral sin inyectar algunas seguridades en esta área. Importa consignar al respecto que no hay buenas noticias ni en las modificaciones del proyecto de reforma de la carta orgánica del BCU, ni en el calendario de discusión legislativo del proyecto de reforma de la ley de quiebras; ni menos aún, en la propensión de los reguladores de la energía y la comunicación a informar al público acerca de cómo nos están proveyendo de mejor información y algunas seguridades básicas capaces de atenuar el riesgo de los malos contratos.

La profundización de los cambios está altamente correlacionada con la capacidad de eliminar o neutralizar los riesgos inherentes a esa dinámica creada por los cambios. Allí hay un flanco abierto y un riesgo que se insiste en desconocer.