Técnicos reconocen protagonismo de las empresas públicas

Al tiempo que el presidente Jorge Batlle postulaba la necesidad de que Ancap y UTE coordinen su estrategia y accionar en materia energética (ver nota aparte), un grupo de calificados técnicos de nuestro país firmó un documento defendiendo la necesidad de que se instaure una política energética de Estado, reconociendo los altos niveles de calidad y universalidad de acceso a la energía eléctrica alcanzados gracias a las empresas públicas y apostando a la instrumentación de subsidios a los sectores de menores ingresos para poder acceder a los servicios.

El documento, que fue firmado por consenso, significa un paso adelante importante en la materia ya que se ha vivido en el país de un año a esta parte una muy intensa campaña por parte de técnicos neoliberales, asesores gubernamentales y jerarcas fundamentando las ineficiencias de los entes estatales, la necesidad de buscar formas de asociación o venta parcial (pero mayoritaria), y el sinsentido que las empresas del Estado inviertan para mejorar sus servicios.

Para llevar adelante esta campaña se han utilizado diversos métodos como la "permanente variación de los datos", o los "errores metodológicos" etc., según advirtiera en su exposición en el seminario, el economista Luis Stolovich.

Trabajoso

El documento de consenso firmado por los especialistas en materia energética Pedro Antmann, Carlos Costa, Conrado Hughes, Ruperto Long, Luis Minetti, José Oliveras, Luis Porto, Luis Stolovich, Nelson VIllareal y Bruno Vuan, fue el fruto de una "trabajosa negociación" según señaló el general Líber Seregni, presidente del Centro de Estudios Estratégicos 1815, y que llevó varios días y el estudio y discusión de seis borradores.

Es que en materia energética es mucho lo que se juega y los técnicos no alineados al neoliberalismo no estaban dispuestos a firmar un documento en el que se avalaran determinadas políticas neoliberales promoviendo desregulaciones, desmonopolizaciones, privatizaciones, etc. Llegado el momento anunciaron que no firmaban el documento, lo que motivó que como contrapropuesta se les ofreciera incluir sus puntos de vista que, como resultado final, generaron un documento sobre políticas energéticas que contradice gran parte de las premisas de trabajo actuales de la administración Batlle.

En esta línea se comienza afirmando, en el primer punto, que "la política energética de Estado, PEE, debe reconocer como punto de partida que, con un estilo propio del país, las empresas públicas energéticas han mejorado significativamente su gestión y han permitido al Uruguay, particularmente en el subsector eléctrico, alcanzar niveles significativos de calidad y universalidad de acceso".

Transparencia y subsidios

Se critica asimismo lo que ha sido la matriz energética actual, "el resultado de una secuencia de decisiones parciales, no siempre consistentes entre sí" para concluir sobre la necesidad de que el país cuente con una política energética de Estado. La PPE deberá garantizar la continuidad y coherencia de las políticas implementadas, un marco regulatorio que asegure el cumplimiento de los objetivos y, algo destacable, "la actitud proveedora de servicios de las empresas públicas, que seguirán siendo protagonistas".

Aconsejan también la existencia de una única entidad reguladora para todo el sector energético "con autonomía e independencia desde el punto de vista operativo y financiero" y la aplicación de "garantías" a los usuarios y a los regulados en materia de información y transparencia, de manera de evitar los "episodios negativos" sucedidos en otros procesos regulatorios. La PEE, afirman los técnicos, "conlleva la creación de estímulos" tales como la protección de los derechos de los consumidores y agentes, la búsqueda de la eficiencia económica , con precios regulados (cuando corresponda), el desarrollo económico y la promoción del acceso a los servicios con una política social que involucre de manera explícita y transparente los subsidios a los sectores de menores ingresos y a las áreas geográficas que los requieran.

Los sobrecostos

Se logró también un reconocimiento tácito sobre el rol que han cumplido las empresas públicas, muy fácilmente denostadas en los últimos tiempos, al afirmarse que "han cumplido un rol central y seguirán cumpliendo un papel sumamente importante en un marco competitivo", debiendo asumir "los mismos derechos y obligaciones" que los restantes operadores para lo cual se las debe liberar de los sobrecostos que "sólo afectan a las empresas públicas" y se deben eliminar las restricciones a la inversión "que las discriminen negativamente frente a otros agentes de la misma actividad".

Ancap

En cuanto a la asociación de Ancap con una empresa internacional se valora como positiva ya que "permite alcanzar importantes objetivos" como, por ejemplo, alinear los precios internos con los valores de oportunidad para el país, ampliar y modernizar la refinería, mejorar la calidad de los productos, el mantenimiento de niveles razonables de empleo y la reducción de costos que permita lograr la competitividad requerida para vender en el mercado interno y en el regional".*