En las misivas se solicita una revisión de una resolución de la Dirección de Aduanas del pasado 31 de mayo que gravó las operaciones.
El directivo de la empresa GIE International y representante de Audese, Adrián Alpuín, comentó a LA REPUBLICA que el objetivo de la medida "es manifestar la voluntad de la gente" y dijo que el decreto aduanero está violando la voluntad de los legisladores.
El empresario sostuvo que las compras menores de 50 dólares son gravadas en más de 100% de su valor original, y esto ha determinando una reducción importante en la actividad del sector, que alcanza al 90%. "Los usuarios han dejado de utilizar los servicios del courier como consecuencia de los impuestos aduaneros, que se suman al IVA, Cofis y costo del despacho".
"Si bien la gremial, integrada por las principales empresas del sector, ha realizado innumerables gestiones ante los poderes públicos para derogar el mencionado gravamen, consideramos a esta alguna que no existe voluntad política para resolver esta situación", enfatizó.
Alpuín indicó a LA REPUBLICA que existen dos proyectos de ley, impulsados por los disputados Arturo Heber y Sebastián Da Silva, que recomiendan la derogación del impuesto como forma de volver a dinamizar las compras mediante el sistema de internet. "La situación determinó que luego de aprobada la resolución de Aduanas, nuestras empresas resolvieron enviar la mitad del personal a seguro de paro".
No obstante, explicó que las empresas presentaron un recurso de amparo ante las autoridades judiciales como forma de buscar una rápida resolución al problema. Los directivos de Audese explicarán el jueves en conferencia de prensa detalles de la situación generada en los últimos meses.
Esta movilización se concretó en momentos en que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes tiene a estudio tres proyectos de ley que buscan resolver la problemática planteada, impulsados por los diputados Doreen Javier Ibarra, Sebastián Da Silva y Arturo Heber.
"La idea de presentar este gran volumen de cartas es para protestar por una arbitrariedad absoluta como es esta medida", tomada por la Aduana, afirmó Luis Carbonell, uno de los remitentes y dueño de una empresa de electrónica que compraba repuestos para equipos de alta tecnología, los cuales le costaban entre 10 y 20 dólares.
"En Uruguay se reparan cosas que en el resto del mundo se tiran y para eso necesitamos repuestos que aquí no se consiguen", afirmó Carbonell.
Hasta el pasado 4 de junio, fecha en que se comenzó a aplicar la resolución interna de la Aduana, aprobada el 31 de mayo, los funcionarios de esa dependencia estatal consideraban que cualquier encomienda postal sin fines comerciales, con un valor menor a los U$S 50 y un peso inferior a los 20 kilos, estaba exenta del pago de impuestos.
A partir de la mencionada fecha se implementó el decreto 425/991, del 19 de agosto de 1991, que exime de todo tributo a las encomiendas postales cuyo valor estimado no supere el equivalente de U$S 50 y que contengan obsequios familiares, entendiéndose por tales el envío de comestibles, prendas de vestir, casetes, cintas grabadas, fotografías; ropa usada y equipaje no acompañado de uso personal. Desde entonces todo el resto de los paquetes provenientes del exterior pagan impuestos aunque su costo no supere los U$S 50, a excepción de los libros, que se encuentran protegidos por la Ley 15.913. *
Comentarios (beta!)