Luces y sombras en la tarea de Ursec

A través de El País, se ha divulgado tiempo atrás que «Ursec dará a conocer costos de las empresas a las que controla». El aparente propósito –«se trata de evitar que se apliquen subsidios cruzados»– no resulta del todo coincidente con los medios que aplicaría Ursec. En efecto, se informa que solo «…relevará los costos de los operadores de telefonía, correo y televisión por cable para identificar conductas anticompetitivas y divulgará la evolución de las variables de estos mercados al público en forma periódica».

Hasta ahora, la única publicidad que ha aparecido, ha sido la de una costosa campaña propagandística televisada, suya, en la que quienes han facilitado la consolidación de monopolios, con pérdidas multimillonarias para el erario y fraudes de diversa índole, incluso procesales, pretenden hacernos ver que están «al servicio de todos». Ocurre que para los comisionados de la Ursec, como para alguno que otro comisionista, el tiempo político recién comienza ahora. Por esos artilugios seudo jurídicos, paralógicos, flagrantemente contrarios a la Constitución, las unidades reguladoras pretenderían seguir «administrando» agua, energía, comunicaciones y correos, hasta muy avanzado el mandato del Presidente electo.

¿Para qué, si no, iniciar ahora una campaña televisada, impecablemente editada, a favor de una Unidad Reguladora, desde los centros de poder que debe regular?

La primera lectura de estas noticias, para quien no estuviera del todo interiorizado en las normativas vigentes en Telecomunicaciones, se prestaría al entusiasmo. Llevaría a decir por fin: ¡Eureka! Más vale tarde que nunca. Debiera felicitárseles por cumplir y hacer cumplir de una vez por todas, con uno de los artículos del viejo Decreto 734/78 y el 6º del Decreto 125/993. Una, por hacer uso de espacios gratuitos (a no ser que hayan sido pagos). Otra, por tratarse de una norma que, en lo concerniente a la Televisión paga, se desarrollara –además– en varios de los artículos finales de la Resolución 545/93. Aquel acto mediante el cual se otorgaron las licencias a los aspirantes que concurrieran a los Llamados Públicos para todo el interior de la República. Pareciera que por fin se va a controlar algo.

En medio de aquella política más aperturista, que se revirtió drásticamente para Montevideo, en provecho del monopolio televisivo y los testaferros del «Grupo Otegui«, transcurrieron once años durante los cuales nadie hizo nada por llevar adelante un seguimiento de los servicios en sus aspectos económico-financieros. Este «laissez faire, laissez passer» cualquier cosa, posibilitó entre otras transacciones ilícitas, que sectores allegados al Opus Dei (más Rex o Res que Dei propiamente dicho), recién se interesaran en los canales de UHF codificado cuando se hizo el Llamado a interesados para Montevideo, a mediados de 1993. Hicieron sentir, y cómo, sus aspiraciones espurias.

No cabe renegar, precisamente ahora, del trasfondo keynesiano deslizado en aquellas regulaciones. Más bien, se trata de llevarlas adelante, aplicándolas en serio. Brindando así, como en tantos otros ámbitos productivos, un trato desigual a los desiguales, en miras al logro de un «país productivo». Quizá la mejor demostración del acierto de aquella orientación, inicial, la aportó la crítica electorera del ex Presidente Lacalle, al «arrepentirse» de lo que había hecho en televisión paga, en el interior… cuidándose, sugestivamente, de extender sus lamentos hacia sus actos en Montevideo.

Hasta puede sentirse cierto agrado al verlas consagradas en medio del más rancio y emblemático neoliberalismo. Aquel que llegara con la consigna de terminar con el «Uruguay batllista». Una meta que recién casi pudo ser alcanzada por Batlle Ibáñez y sus chigago boys del Opus.

A partir de aquel entonces, Comunicaciones habría debido comenzar a transitar por un camino que prontamente se abortó. Esta breve reseña de aquellas instancias, a las que tantos temas pendientes concurrentes nos retrotraen por estos días (declaraciones del Gral. Pereira, caso Berríos, entuertos judiciales multimillonarios, etc.), haría que se aplaudiera la aparente reanudación de una política de comunicaciones más realista. Hasta ahora solo virtual, híper burocratizada, que confiara en exceso en la gastada metáfora de la «mano invisible» de Adam Smtih, sin prestarle mínima atención a las más tangibles y fuertes «manos negras» corporativas, privadas. Unas que interfieren, en exceso, cuando se trata de efectivizar el bien común en la prestación de servicios de interés público. Estas aparecen con frecuencia, cuando se trata de la utilización de un recurso tan valioso como el agua misma, como lo es el espectro radioeléctrico.

A pesar de todo, sobran motivos para desconfiar. ¿Por qué este resquemor? Porque, entre otras cosas, al tenor del desarrollo de la primicia dada a EL PAIS, habría quedado fuera de ese seguimiento, nada más ni nada menos que la radiodifusión

El seguimiento se hace en todo o en nada, pues si se excluyeran ciertos servicios en un contexto en donde es notoria la conformación de los multimedia, estaríamos saliendo de un absurdo hacia otro. Algo así como reforzar la lucha contra el contrabando al norte del Río Negro, cesando todo esfuerzo al respecto al sur del país.

Una lectura más atenta de la noticia, arroja dudas. Con hacer un seguimiento parcial como el propuesto, algo se estaría haciendo. Esto es necesario, positivo, pero no suficiente. Con «identificar conductas anticompetitivas» (a esta altura bastante públicas y notorias, en especial en materia televisiva), y divulgar «la evolución de las variables de estos mercados al público en forma periódica», no basta. Ni siquiera se rozaría la epidermis de la patología analizada. Sabríamos, quizás con mayor precisión, que existe un melanoma, grado 5, pero no haríamos más que divulgar los análisis «al público en forma periódica». ¿Para qué? Para que así los usuarios, informados, adoptaran uno a uno los correctivos que solo pueden y deben provenir del Estado. La Ursec no traspasaría el umbral del relevamiento estadístico, testimonial. En suma, seguiría siendo tan prescindente como hasta ahora, al momento de tener que operar, quirúrgicamente, en la extirpación de las «conductas anticompetitivas» identificadas. *