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Montevideo, cuando se aprobó el ajuste fiscal de Lacalle

Al cabo de una maratónica sesión, la Cámara de Representantes aprobó, por nueve votos (40 a 31) la Ley de Ajuste Fiscal enviada por el Ejecutivo y ya aprobada en el Senado.

Los votos favorables a la iniciativa gubernamental fueron dados por el Partido de Gobierno y los sectores colorados Foro Batllista (orientado por el presidente saliente, doctor Sanguinetti) y Lista 15; en contra se pronunció el Frente Amplio, el Partido por el Gobierno del Pueblo (liderado por el senador Batalla y recientemente escindido del conglomerado de izquierdas) y legisladores de la Cruzada 94 (ex pachequistas que siguen al senador Pablo Millor).

El ajuste propuesto por el novel gobierno nacionalista presidido por el doctor Luis A. Lacalle apunta a dotar de recursos al Estado, incapaz de hacer frente a sus obligaciones, en razón del abultado déficit que –según el Partido Nacional– el nuevo gobierno ha heredado del de Julio María Sanguinetti.

De lo que se trata, según ha argumentado el ministro de Economía, contador Enrique Braga, es de aumentar los ingresos, reducir los gastos y combatir la inflación hasta llevarla a niveles razonables. El secretario de Estado ha manifestado que es intención del gobierno que el esfuerzo mayor sea para quienes más tienen y pueden.

El paquete impositivo recibió cuestionamientos incluso desde filas nacionalistas. El Movimiento Nacional de Rocha, dirigido por el senador Carlos Julio Pereira, ha expresado sus reparos a ciertos gravámenes (como el impuesto a los sueldos o el aumento de la tasa de IVA) aunque considera que el ajuste es imprescindible dada la situación económica del país; el sector es partidario del impuesto a la renta de las personas físicas, algo que cuenta con la férrea oposición del presidente y su equipo económico.

Más allá de las diferencias, quienes apoyaron la Ley que mañana será promulgada por el Ejecutivo coinciden en señalar que sus disposiciones serán transitorias. El diputado quincista Alejandro Atchugarry fundamentó su voto sosteniendo que se trata de equilibrar los gastos del Estado pero que la Ley no atiende el problema de fondo de la sociedad uruguaya. Lo que nadie se atreve a predecir es durante cuánto tiempo regirán los nuevos gravámenes y los nuevos porcentajes de los impuestos ya existentes. *

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