Hijos y entenados

El tema de los violadores de los derechos humanos es demasiado claro en el Uruguay. La pomposamente llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, votada por el Parlamento post dictadura y luego ratificada en un plebiscito por la mayoría de la ciudadanía, fue un texto malo, que en lugar de pacificar logró que las heridas nunca se cerraran.

Los familiares, esposas, hijos y nietos de las víctimas siguen pidiendo justicia, la que no existe ni existirá pues el país con esa Ley de "impunidad", se cortó el único brazo que podría haberle servido para que las cosas volvieran a su lugar.

Sin embargo en esta semana pueden existir algunas novedades. El comandante del Ejército, teniente general Angel Bertolotti, podría entregarle al Presidente de la República su esperado informe, luego de haber recibido algunos testimonios de represores que después de veinte años han dejado atrás la cobardía del silencio, para --como con cuentagotas-- comenzar a proporcionar datos que podrían determinar que se conociera la verdad sobre algunas desapariciones y, por supuesto, se indicara el presunto destino de los cadáveres de las víctimas.

Si el informe de Bertolotti contiene información atendible, verdadera, fehaciente, se habrá dado un paso muy importante hacia la pacificación final, comenzando a solucionarse una situación que viene afectando a nuestra sociedad desde la reapertura misma de la democracia. Sería, sin duda, un avance espectacular, pues comenzaría a resplandecer una de las reivindicaciones reclamadas por los familiares: el conocimiento de la verdad.

Sin embargo los militares involucrados en las violaciones de los derechos humanos reclaman una impunidad irrestricta alegando que cumplían órdenes. Sin duda, fue así, porque además de los gendarmes pretorianos que agredieron al pueblo, estuvieron quienes impulsaron el quebranto de las instituciones y dejaron que la Doctrina de la Seguridad Nacional se convirtiera en un texto de cabecera de los represores.

Todo ello para imponer un modelo económico, el neoliberal, en el marco de la guerra fría. Cuando los enfrentamientos entre las dos potencias "autorizaban" las transgresiones, la tortura era un método de trabajo e, incluso, se manejaba el asesinato y la desaparición de las personas como un mecanismo político idóneo para establecer, por intermedio del miedo, un modelo económico favorable a los intereses de la banca "internacional" enclavada en los EEUU.

Los encargados de la aplicación de estas políticas fueron gobiernos cívicos, cívicos-militares o militares de la época. Y los encargados de la represión, funcionarios del Estado que vestían para su función específica, uniformes militares o policiales.

El pueblo, la gente, fue la víctima de todo aquello, de un Estado ilegal que hizo primar la agresión, la injusticia, buscando al "enemigo" en donde no estaba y lapidando a la mayoría de las personas no por sus acciones, sino por sus ideas.

La Ley de Caducidad quiso poner punto final a la protesta que creció en intensidad cuando se recuperó la democracia. Fue un juego de complicidades y cobardías. Y hoy, cuando han pasado casi dos décadas de todo aquello, de la vigencia de esa impunidad, las heridas siguen abiertas y nadie puede aventurar un pronóstico sobre el punto final.

Por supuesto que la jugada ahora la tiene en sus manos el gobierno que encabeza el doctor Tabaré Vázquez, el que deberá enviar a la Justicia lo recabado por el comandante del Ejército, haciendo cumplir todos los extremos de esa Ley, cuyo artículo 4º ordena al Poder Ejecutivo profundizar las investigaciones, lo que se está haciendo en este período de gobierno, pese a que debemos reconocer el avance que significó la Comisión para la Paz.

Por supuesto, pese a los esfuerzos que se hagan para conseguir la verdad, no se podrá sortear en muchos casos la enormidad de la injusticia que determinó la caducidad. Esa Ley sigue vigente y los militares y policías que han delinquido durante los plazos establecidos en la misma, no serán castigados por sus delitos. Sólo se les pedirá que concurran a declarar en los estrados judiciales sobre lo que saben.

Lo que es bastante, pero, lamentablemente, no suficiente. La justicia, de alguna manera, quedará renga y se podrá decir que en el Uruguay, en ese aspecto, existen "hijos y entenados". *