Más transparencia es más democracia

En el momento que vive el país tiene singular importancia el anuncio formulado por el presidente del BROU, economista Fernando Calloia, en el sentido que el Banco República informará quiénes son los grandes deudores que no se han acercado a la institución para acogerse a los mecanismos de refinanciación.

Según expresó públicamente el jerarca, a partir de fines de setiembre se incluirá a los deudores de más de un millón de dólares. También se comunicará si la concesión de esos créditos fue decidida por directorios anteriores o por los servicios técnicos del banco.

El anuncio del jerarca permitirá sacar de la brumosa denominación de deudores a situaciones de perfiles muy distintos, no sólo por el monto de lo adeudado sino por la voluntad demostrada por el deudor de saldar sus cuentas con el principal banco del país.

Con esta decisión de las autoridades del BROU, será posible determinar las responsabilidades políticas de los Directores anteriores en la compleja situación que vive el banco como resultado de la falta de pago de un número considerable de préstamos.

Saber dónde radica la responsabilidad de esa situación parece también mostrar la coherencia que van mostrando las nuevas autoridades de los Entes Autónomos y las Empresas Comerciales e Industriales del Estado.

Es decir la voluntad de avanzar en la transparencia del manejo del patrimonio público y de un verdadero "quién es quién" entre los jerarcas que han tenido la responsabilidad de dirigir una institución de la importancia del BROU en las últimas administraciones.

La medida aparece como complementaria de otras que se vienen procesando, como la expuesta por el presidente del Banco de Previsión Social, Sr. Ernesto Murro, cuando anunciaba el examen, caso a caso, de las exenciones de pago de los aportes al BPS de que disfrutan algunas empresas rurales, culturales, educativas, etc., que suponen un monto del orden de los 150 millones de dólares anuales.

En momentos en que la nueva Administración se enfrenta al dilema emblemático de todos los países latinoamericanos, como lo es el tener que hacerse cargo de un explosivo crecimiento de la pobreza y la exclusión social y una flagrante escasez de medios para resolverlo, todas las medidas destinadas a poner en orden la recaudación del Estado son un paso adelante.

Un Estado al que hoy, a justo título, se le reclama de su capacidad no sólo para resolver los problemas perentorios de salud, vivienda y educación sino de convertirse, junto al inversor privado, en el propulsor de un desarrollo productivo capaz de relanzar al país por la senda del crecimiento y la creación de puestos de trabajo.

En cada Empresa Pública, en cada Banco del Estado, lo abstracto se vuelve concreto: durante años las administraciones guiadas por el pensamiento neoliberal actuaron para debilitar, neutralizar y, allí donde fuera posible, extinguir la acción reguladora y promotora del Estado.

El achique indiscriminado del Estado, pero sobre todo de sus áreas ligadas a la acción social y productiva se transformó en una de las primeras frases letánicas del catecismo neoliberal. Y se actuó en consecuencia: mientras la proyección social del Estado era sistemáticamente saboteada, en las cimas de la Administración proliferaban las camarillas parasitarias que se enriquecían a partir de la proliferación de toda clase de favores y prebendas.

Es el cuadro resultante de esas políticas el que aflora hoy a través de estos actos administrativos destinados a transformar en transparente la opaca realidad de los círculos del privilegio. *