Investigación parlamentaria sobre sucesos en la Colonia Berro

En su edición de ayer el diario LA REPUBLICA da cuenta de las expresiones del diputado del MPP Javier Salsamendi, en las que anuncia la decisión de la Bancada mayoritaria de habilitar la creación de una comisión investigadora referida a los episodios durante el motín de la noche del 14 de junio próximo pasado.

La iniciativa adoptada por la legisladora del Partido Nacional Sandra Etcheverry, tiene algunos aspectos que la hacen algo confusa.

La naturaleza, justamente episódica, de los sucesos de la Colonia Berro, del día 14, no constituye un buen punto de partida para emprender una labor de balance de lo actuado por el Iname-INAU en los últimos años.

El motín del 14 se trata de un episodio con muchos elementos circunstanciales, de los que ha habido varios en los últimos años y, en muchos casos, considerablemente más graves.

Es difícil sustraerse a la impresión de que se trata de un movimiento legislativo de investigación movido por un cierto afán de oportunismo político.

Es el primer episodio de esta naturaleza que le ocurre a una Administración frenteamplista: para algunos es un buen momento para asestarle algunos palos a quienes están al frente del instituto.

Pero además se trata de una problemática --la fuga de menores infractores-- que suele encontrar un amplio respaldo en las páginas amarillas de algunos diarios y en los informativos de algunos canales de televisión.

Con ese boccato di cardenale servido en bandeja resulta algo ingenuo el anunciado propósito de hacer de esa investigadora sobre un hecho puntual un análisis de fondo y "una vía para que se pueda generar una política de Estado en materia de minoridad".

Como disposición a la transparencia y a la aceptación de un reto en el plano legislativo, la decisión de la Bancada frenteamplista actuó con amplitud de criterios y sin temor al debate.

Queda pendiente, por averiguar, hasta dónde estarán dispuestos a ir los legisladores blancos cuando se quiera a indagar en los antecedentes de una institución que en algún momento supo tener una conducción calificada, pero que en las últimas Administraciones, blancas y coloradas, se actuó bajo el imperio de la irresponsabilidad, el despilfarro, la ausencia de planes y proyectos serios y, sobre todo, haciendo de ese territorio, como lo hicieron de todo el Estado, un campo para las prácticas del clientelismo y la politiquería.

Existe un abundante material parlamentario, ya sea en las Actas de la Comisión de Presupuesto y Hacienda integradas y en la Comisión de Derechos Humanos, donde muchas de estas graves carencias e irregularidades salieron a la luz. Proliferaron las promesas de corrección pero nunca éstas alcanzaron un plano de realización efectiva en un instituto de la importancia social y humanitaria como lo es hoy el INAU y ayer el Iname.

La política de los gobiernos anteriores ha sido coherente con toda una concepción de las políticas sociales orientada a través de los dogmas del pensamiento neoliberal, que hicieron del gasto en políticas de prevención y rehabilitación "el último orejón del tarro" a la hora de distribuir los recursos del Estado.

Los efectos que esas políticas producen en la población internada en esos institutos forman parte de la "realidad opaca", de lo que no es noticia espectacular, de esa parte de la realidad que aflora en forma dramática y con alto eco mediático sólo en los motines o circunstancias similares.

Parece ser ese el momento en el que la atención espasmódica e intermitente de algunos legisladores se sensibiliza frente a la situación de los internados en el INAU.

Finalmente parece poco serio que a propósito de un episodio circunstancial se anuncie que lo que se busca es la destitución de las actuales autoridades del INAU, las cuales han tenido muy poco tiempo, recursos y oportunidades de desarrollar sus planes y poner en práctica un nuevo estilo de conducción. *