El disgusto de la derecha

Luego de la sesión del Consejo de Ministros desarrollada en Pando, en cuyo transcurso se trazaron las líneas generales y los fundamentos sobre los que se basó el gobierno para la elaboración de la próxima Ley de Presupuesto, empezaron a hacerse oír las voces discordes --¡cuándo no!-- de las clases conservadoras.

Curiosamente, mientras todos coinciden en señalar la mesura, la prudencia y el realismo de la política económica adoptada por el ministro Astori, mientras la conducción económica del gobierno merece elogios de parte de los organismos financieros internacionales, parte del empresariado uruguayo la emprende contra el gobierno acusándolo de incumplir sus compromisos, de tomar medidas que atentan contra la inversión y de tolerar "una politización ideológica en las relaciones comerciales con nuestro mayor mercado de exportación", alusión --esta última-- a la dilatoria del tratamiento del tratado de inversiones con EEUU.

Evidentemente, son varios los asuntos que irritan a la Cámara de Industrias, y entre ellos destacan los vinculados al rumbo que el MTSS ha impuesto a las políticas laborales. Es explicable que luego de muchos años que se viene promoviendo la desregulación (o flexibilización) laboral, con las consecuencias por todos conocidas de debilitamiento de la fuerza sindical organizada, al menor atisbo de volver a otorgar el lugar que la acción sindical merece (lo que equivale a quitar privilegios al empleador), la reacción no se hace esperar.

Han intentado hacernos creer --y en muchos casos lo han logrado-- que una de las trabas fundamentales para la llegada de inversiones salvadoras que crearán fuentes de trabajo es la legislación social que, desde los tiempos del batllismo y del neobatllismo, tendía a proteger a los asalariados. El empresario debía tener vía libre para disponer a su antojo de la mano de obra; las negociaciones por condiciones de trabajo y por remuneraciones debían dejarse libradas a las normas que fija el mercado, regulador omnipotente de toda la sociedad.

Entonces, cuando el Ejecutivo, a través de sus ministerios, deroga el decreto que habilitaba el desalojo policial de locales ocupados por sus empleados a pedido del patrón, el empresariado pone el grito en el cielo clamando por lo que considera un despojo; ha llegado a hablarse de atentado a la propiedad privada (¡!). Del mismo modo, los Consejos de Salarios son percibidos por las clases conservadoras como un ataque a la libre contratación enmarcada en la libertad de mercado.

El otro caballito de batalla de las fuerzas conservadoras lo constituye el paréntesis decretado por el gobierno para el análisis parlamentario del Tratado de Inversiones con EEUU. Llama la atención la urgencia que demuestra la oposición por la ratificación parlamentaria de dicho tratado, como si de ello dependiera nuestro porvenir y nuestro futuro desarrollo económico. *