Nadie duda de que el problema de la deuda interna es uno de los dolores de cabeza del gobierno actual. Obviamente, no es nuestra intención pronunciarnos sobre la pertinencia de las soluciones propuestas ni mucho menos terciar en la polémica desatada al respecto, pero sí corresponde detenerse en una faceta del problema que atañe a los menos privilegiados.
Más allá de las soluciones barajadas para atender la situación límite que viven pequeños y medianos productores, industriales y empresarios en general que contrajeron deudas con el sistema financiero y que hoy no están en condiciones de afrontar, hay unos cuantos compatriotas de bajísimos recursos que se vieron obligados a recurrir a prestamistas para resolver situaciones cotidianas puntuales y que hoy se enfrentan al remate de sus escasos bienes para saldar una deuda que multiplica por guarismos inimaginables el monto del préstamo otorgado.
Al igual que quienes se endeudaron con el sistema bancario, es gente que ha sido víctima del modelo y su crisis, pero a diferencia de los primeros, ellos han sido víctimas, además, del accionar de usureros que medraron con su penuria.
Sin embargo, buenas nuevas llegan desde Salto. En esta misma edición se informa del procedimiento llevado a cabo por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia que contó con la valiosa colaboración de inspectores de la DGI mediante el cual se logró desarticular una pseudo financiera que llevó a la ruina a cientos de familias en todo el país. Dicha organización forma parte de una densa trama de sociedades fantasmas que tienen como rehenes en todo el país a más de 500 mil ciudadanos que se vieron en la necesidad de tomar préstamos de urgencia con tasas de usura.
Desde hace mucho tiempo se viene denunciando esta práctica innoble, pero poco se había avanzado en la lucha contra ese crimen organizado. Hoy, de acuerdo con la misma información de nuestro corresponsal en Salto, estaríamos asistiendo al fin de la impunidad de que gozaban tales sociedades fantasma. Incluso se ha informado que aparentemente la Justicia ha tomado cartas en el asunto y ha dispuesto en algunos casos la suspensión de las ejecuciones.
Resulta contagioso el optimismo de algunos funcionarios que esperan que el golpe dado a la financiera salteña tenga un "efecto dominó" sobre las otras organizaciones del mismo tipo que operan en todo el país, de modo de lograr desarticularlas y que sus responsables sean juzgados.
Sea como sea, el operativo contra la usura desarrollado en Salto es una buena señal que parte desde el gobierno hacia la sociedad. Una sociedad que, además de reclamar más seguridad, se rebela indignada y con toda legitimidad contra los delincuentes de guante blanco cuyas fechorías causan infinitamente más estragos que cualquier asalto callejero, arrebato o rapiña.
Hacemos votos por que esto sea el comienzo del fin de un flagelo que se ensaña con los más necesitados. *
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