En el momento que escribimos estas líneas las investigaciones en torno a los restos mortales de María Claudia García se encuentran en pleno desarrollo. Las excavaciones en el Batallón 14 de Toledo se iniciaron el miércoles y continúan hoy.
Estos hechos, cuya importancia LA REPUBLICA ha jerarquizado enfáticamente, son apenas el comienzo de la indagación en torno a una de las denuncias más emblemáticas de desaparición forzada de personas. Denuncias que, durante más de veinte años, fueron sistemáticamente rechazadas.
Esta información, proporcionada por el mando superior de la Fuerza Aérea, se ha convertido en un acontecimiento extremadamente revelador.
Muchos medios de prensa adoptaron actitudes de mayor transparencia y algunos dirigentes políticos comprometieron opinión respecto al asunto trazando, unos y otros, un amplísimo y pintoresco arco iris de opiniones. Un verdadero festival cromático donde, en algunos casos, sin mayor explicación, las "vueltas de campana" resultan espectaculares.
Bienvenidos sean entonces los nuevos amigos de la verdad, los que consideran que la impunidad era una traba para la democracia, etcétera.
No obstante, no hay ninguna razón para pensar que estas provisorias unanimidades vayan a ser duraderas y que, finalmente, todos los actores políticos y mediáticos del país han resuelto defender, codo con codo, la primacía del poder civil, la competencia de la justicia ordinaria en el caso de violaciones a los Derechos Humanos y la vigencia, como ley interna del Estado, de las obligaciones contenidas en los Tratados Internacionales que el país ha suscrito.
Es un tema que habrá de elucidarse más adelante. Disfrutemos, mientras tanto, de este auspicioso, aunque quizás efímero, clima de unanimidades que viene rodeando a la acción presidencial en este campo de investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura.
Resulta fácil percibir que uno de los primeros aspectos que emergerá como problemático -y al que ya nos hemos referidos en comentarios editoriales de días anteriores- lo constituye el hecho de que los principales jerarcas militares comprometidos con el proceso de búsqueda de la verdad han anunciado su deseo de que estas sean las últimas actuaciones, que se den por concluidas las investigaciones y se dé vuelta la página.
La experiencia de instancias de este tipo anteriores, como lo fueron los trabajos de la Comisión para la Paz, junto con la experiencia de otros países ha demostrado que esto de "dar vuelta la página", o dar por concluidas las investigaciones, cuando de lo que se trata es de delitos contra la persona humana, resulta fácil decirlo, o escribirlo, como lo han hecho y lo hacen algunos comentaristas de Búsqueda. Y algunos, con el desparpajo de insinuar que los hechos les han dado la razón a ellos, olvidándose cuando calificaban de "necrófilos" a los defensores del Voto Verde o a los que, por aquellos años, luchaban contra la impunidad.
Como era de esperar, un comunicado breve y conciso de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos reafirmó, de manera contundente, la necesidad de seguir avanzando en las investigaciones y recordó que, contrariamente a lo que se decía en el informe de la Comisión para la Paz, el número de ciudadanos uruguayos desaparecidos supera los doscientos.
Resulta claro que las razonables demandas de los Familiares no hacen sino formar parte de un movimiento ético y político profundo que abarca amplias capas de la vida espiritual y cultural de la nación.
En ese sentido ha resultado muy claro el comunicado emitido por el organismo que agrupa a los familiares de desaparecidos así como las declaraciones del doctor Javier Miranda, que conjuga la doble condición de hijo de un conocido militante secuestrado por la dictadura, y desaparecido, y su condición de abogado, capaz de transitar con solvencia la lógica jurídica, su coherencia y racionalidad, para examinar desde ese ángulo la marcha de las investigaciones. *
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