Desde que el 31 de octubre pasado las urnas dieron el triunfo a las fuerzas progresistas y les otorgaron mayoría absoluta en las dos cámaras legislativas, la posibilidad de un acuerdo --pacto, entendimiento, concertación o como quiera llamársele-- entre las nuevas autoridades nacionales y los partidos de la oposición sufrió diversas alternativas.
Convocados por el gobierno electo, los partidos minoritarios parecieron dispuestos, en principio, a buscar caminos de entendimiento; se atisbó entonces incluso la posibilidad de que representantes de los dos partidos tradicionales integraran el gabinete ministerial. Un clima de optimismo se había instalado en la sociedad, pues aunque el nuevo gobierno contaba con mayoría de legisladores en el Parlamento, la situación límite que vivía el país --agravada por la crisis financiera de 2002-- exigía del sistema político en su conjunto un compromiso para salir del pantano y atacar los problemas más urgentes de su población.
Desde que se conocieron los resultados de las elecciones nacionales de octubre de 2004, nuestra posición ha sido favorable a la concreción de acuerdos y a que la oposición integre los entes públicos.
Sostuvimos a principios de enero: "A pesar de que el EP-FA-NM obtuvo la mayoría absoluta de votos, siempre es mejor para el funcionamiento del sistema político --y para el país en su conjunto-- que se logren acuerdos entre los distintos partidos, oficialismo y oposición.
No se trata, obviamente, de pretender consensos, sino de establecer bases para ciertos acuerdos mínimos que permitan una tarea de gobierno (ejecutiva y legislativa) más fluida y más eficaz".
Desde el comienzo de las negociaciones, el Partido Colorado anunció su propósito de ejercer una oposición responsable, de no entorpecer la tarea gubernativa, pero expresó claramente su negativa a participar en cargos de gobierno; no sólo no estaba dispuesto a integrar el gabinete sino que tampoco pretendía ocupar puestos en entes autónomos o servicios descentralizados. El Partido Nacional --principal fuerza opositora con el apoyo de un tercio del electorado--, si bien no participaría en el gabinete, estaba dispuesto a integrar los organismos estatales.
Sin embargo, los dirigidos por el senador Larrañaga observaron un comportamiento desconcertante. En efecto, mientras por un lado manifestaban su disposición a integrar los organismos estatales, por otro no vacilaban en cortar el diálogo invocando razones baladíes.
Ayer, finalmente, el hielo comenzó a derretirse cuando el Presidente de la República visitó al líder opositor en su despacho del Senado. El asunto que motivó esta suerte de minicumbre está referido a la política del gobierno actual y los avances en el esclarecimiento de los crímenes del terrorismo de Estado. Pero sin duda el encuentro puede convertirse en el disparador para la reapertura del diálogo entre gobierno y oposición. Un diálogo que permita una comunicación más fluida y un compromiso serio; y que propicie el ambiente político adecuado para los acuerdos necesarios cuando se trate la integración de los órganos de contralor. Hay que tener presente que tanto la Corte Electoral como el Tribunal de Cuentas deben integrarse proporcionalmente y que la venia para nombrar a sus miembros exige mayorías especiales con las que no cuenta la fuerza política que hoy ejerce el gobierno. *
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