La política privatizada

Hace ya unos años, el periodista argentino Juan Pablo Feinmann hablaba de un fenómeno aparentemente consolidado en su país y que en cierto modo empezó a darse en el nuestro después del retorno a la normalidad institucional: lo que él (siguiendo a Cornelius Castoriadis) llama "La privatización de la política". Es, ni más ni menos, que la negación del concepto por el contrasentido que encierra; casi como decir la "privatización de lo público", pues la política es lo público por excelencia. Y su privatización es la negación de la democracia.

Dice Feinmann: "De la Rúa y Menem se han reunido. ¿Qué sabemos de esa reunión? Nada. O sólo aquello que ellos dirán. Sólo aquello que ellos querrán que sepamos. Y es lo único que habremos de saber, ya que la reunión ha sido privada. Porque así es la política: transcurre en el ámbito privado. Se ha privatizado".

¿No es acaso algo a lo que nos han acostumbrado los gobiernos colorados y blancos? ¿No es en las reuniones de cúpula o en los conciliábulos entre líderes donde han surgido los hechos políticos más trascendentes?

Y prosigue Feinmann citando ahora al pensador griego Castoriadis: "Una de las muchas razones por las que resulta irrisorio hablar de 'democracia' en las sociedades occidentales de hoy es que en ellas la esfera 'pública' es en realidad privada (...) Y lo es en primer lugar porque las decisiones importantes se toman a puerta cerrada, en los pasillos o en los lugares de encuentro de los gobernantes".

Desde el retorno a la normalidad institucional, hace más de dieciséis años, nos hemos ido acostumbrando a un desplazamiento de los ámbitos de decisión política. Acuerdos de lobby, pactos de pasillos, concertaciones "al más alto nivel" son hoy moneda corriente y han dejado de lado el espacio natural donde discutir la cosa pública, que no es otro que el ágora o el Parlamento.

El gobierno anterior, encabezado por el doctor Jorge Batlle, inauguró un estilo de administrar la cosa pública asentado en las decisiones de cúpula. Hemos asistido en más de una oportunidad al lamentable espectáculo de las "manos enyesadas" que no hacían otra cosa que oficializar --dar un barniz de formalidad democrática-- lo que las cúpulas ya habían cocinado y resuelto sin discusión pública en ámbitos perfectamente privados.

Este proceso perverso lleva a que la clase política ya no representa al pueblo sino a sí misma. Y, como bien señala Feinmann, la subordinación de la política a la economía --cuya única meta parece ser la privatización de todo lo público-- ha desembocado en la privatización de la propia política.

Allí está una de las razones que explican la peligrosa prescindencia que manifiesta el ciudadano común de la cosa pública, y el no menos peligroso desprestigio que rodea a la clase política. Junto con los hechos de corrupción y un abordaje frívolo de los problemas que aquejan a la población, esa nueva forma de tomar decisiones trascendentes a puertas cerradas conspira en definitiva contra la democracia y abona el terreno para las soluciones mesiánicas que encuentran terreno fértil en el descreimiento de los ciudadanos. En ese mismo contexto puede ubicarse otra faceta del fenómeno: la notoria caída del fervor militante que otrora la izquierda supo despertar.

Huelga aclarar que somos partidarios de la democracia representativa y sabemos perfectamente bien que resulta imposible convocar permanentemente al pueblo para decidir sobre asuntos de gobierno. Pero entendemos que es preciso librar otra batalla contra las privatizaciones: la batalla para volver a ubicar a la política en su ámbito natural, que es el público. *