Una corporación se arroga la potestad de censurar a un medio de prensa

Ha transcurrido un cuarto de siglo desde que el pueblo uruguayo dijo No al proyecto de Constitución continuista, liberticida y antidemocrática. Han pasado cuatro lustros desde que la lucha del pueblo logró el retorno a la normalidad institucional, al estado de derecho y a la vigencia de las libertades y garantías individuales.

Sin embargo, parecen pervivir aún resabios de aquella época autoritaria, despótica, antidemocrática e ilegal. La prensa de izquierda sufrió los embates del pachecato con censuras y clausuras; y más tarde, consumada ya la infamia del golpe, la prensa de izquierda dejó de existir.

Pero lo que nunca había ocurrido, lo que jamás pasó por la imaginación más enfermiza, es que un medio de prensa sufriera la censura no del poder sino de una corporación. Porque la realidad es esa: el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas se arrogó el derecho de censurar a LA REPUBLICA.

Al mejor estilo de los Catones dictatoriales, la dirección del gremio de vendedores de diarios y revistas resolvió no distribuir la edición de LA REPUBLICA del viernes 9 de diciembre en razón (?) de que en la página 5 de dicha edición se publicó la carta de nuestro director reivindicando el derecho inalienable de fijar el precio de venta del diario.

¿Cómo admitir que un intermediario se arrogue la potestad de aprobar o desaprobar la política comercial de una empresa, dentro de la cual se halla precisamente la fijación del precio de venta de su producto?

¿Desde cuándo puede un gremio erigirse en censor y resolver qué publicación puede ser distribuida entre sus puestos de venta y llegar así a la población?

¿Cómo tolerar que el distribuidor, porque le disgusta el contenido de una publicación, impida que ésta llegue a los lectores por las vías normales de comercialización?

La carta de nuestro director --que fue motivo de la censura-- se limita a expresar, en tono firme pero respetuoso, su asombro ante la negativa del Sindicato a distribuir LA REPUBLICA al precio fijado. "Carece de toda racionalidad esta decisión abusiva que sabotea el intento de extender la libertad de prensa a los más desposeídos. Es un acto que atenta contra las bases mismas de nuestra organización social", señala la carta. Pero para demostrar la buena voluntad de la dirección del diario, termina haciendo un llamado a la reflexión y a que prevalezca la razón, para lo cual decide dejar en suspenso la medida de rebajar el precio de venta.

Pues bien, la respuesta a un planteo inobjetable ha sido no ya la negativa a distribuir el diario a un precio rebajado (ya que la dirección del mismo había suspendido la medida) sino la censura lisa y llana; la negativa a que los lectores se informaran debidamente de las razones por las que se dejaba sin efecto la rebaja anunciada.

De todo esto se desprende que el sindicato de diarios y revistas se cree con potestades propias de la fenecida Coprin, con la diferencia de que esta vez el propósito era mantener un producto a un precio que lo hace inaccesible a una mayoría de consumidores.

La exigencia de no permitir la rebaja anunciada impide que LA REPUBLICA (o el medio que sea) pueda llegar a sectores de la sociedad que desde un tiempo a esta parte habían renunciado a leer diarios por razones exclusivamente económicas. Se trata de una postura que revela mezquindad y, al mismo tiempo, falta de pupila comercial, ya que al disminuir el precio de venta, se multiplica el número de ejemplares vendidos. Nadie pretende que los comerciantes se vuelvan filántropos repentinamente. Se trata nada menos que de promover el acceso a la información, a la opinión, a la reflexión, del mayor número posible de ciudadanos. Y particularmente en momentos en que un gobierno popular y progresista intenta corregir el rumbo impuesto por gobiernos insensibles --y que recibe por ello el ataque sistemático de los medios amigos del establishment-- la presencia de un diario que ha estado siempre, desde su fundación, al servicio de las causas populares es de fundamental importancia.

Pero más allá de este hecho insólito, que denota una prepotencia inaudita, está el gravísimo atentado a la libertad de prensa, a la democracia informativa y a la libre circulación de impresos.

Porque si bien el veto impuesto por el Sindicato a la rebaja decidida por la dirección del diario es condenable --además de resultar violatorio de un contrato--, la decisión de no distribuirlo basada exclusivamente en el hecho de disentir con el contenido de la publicación es algo definitivamente inadmisible que merece la condena unánime de toda la sociedad.

¿Qué podemos esperar si prospera esta práctica abusiva, antidemocrática y bárbara?

¿Cómo se concilia este gesto de autoritarismo privado con un régimen democrático?

¿Cómo tolerar que, en plena vigencia de las libertades públicas y las garantías individuales, un particular se crea con derecho a permitir o no la venta de una publicación según ésta contenga o no artículos o notas que no son de su agrado?

¿Tiene algún derecho, el gremio de los canilludos, de tomar de rehén a la sociedad civil y decidir qué puede y qué no puede leer?

Este burdo atentado a la libertad de prensa y a la democracia informativa es un ataque directo a la libertad y la democracia a secas. Y como tal, debe ser rechazado y denunciado con toda firmeza.