Las cifras de la vergüenza

La divulgación de los datos contenidos en el "Observatorio de los derechos de la infancia y la adolescencia en Uruguay 2005", elaborado por Unicef en 2004, permite confirmar una verdad especialmente dolorosa: más de la mitad de la población entre cero y diecisiete años se halla bajo la línea de pobreza.

Las cifras son aterradoras y configuran una línea ascendente; en los últimos años tanto los pobres como los indigentes han aumentado considerablemente.

Recordemos que se considera pobre a aquel individuo que padece carencias locativas, de atención sanitaria y de acceso medianamente decoroso a los bienes de consumo; y que el indigente es aquel que ni siquiera logra satisfacer sus necesidades alimentarias básicas.

Para poner algunos ejemplos, digamos que el año pasado la pobreza infantil (entre cero y cinco años) alcanzó a 124 mil niños, lo que representa un porcentaje de 56 por ciento del total de ese grupo etario; en tanto la indigencia aumentó entre 1998 y 2004 para situarse en el entorno de algo más de nueve por ciento (alrededor de 20 mil uruguayos de entre cero y cinco años no tienen acceso a una alimentación suficiente), lo que significa un aumento respecto de 1998 de más del doble.

En la franja etaria siguiente (entre seis y doce años), las condiciones de vida también han empeorado significativamente. En 2004 casi el 54 por ciento de los escolares vivía en hogares bajo la línea de pobreza, o sea un 25 por ciento más que en 1998; la indigencia se multiplicó por 2,9 (casi se triplicó) en 2004 respecto de 2000: de 9 mil saltó a 26 mil.

Finalmente, digamos que entre los adolescentes (de 13 a 17 años) la situación de pobreza alcanza al 45 por ciento, siendo que cinco años atrás el porcentaje se ubicaba en el 25 por ciento.

Las consecuencias de todos estos números fríos pero inapelables son catastróficas. Desagregación social, ruptura del entramado y de la familia, deserción escolar, aumento de la violencia genérica y de la violencia delictiva en particular, disminución de las posibilidades de acceder al mercado laboral y menos a un puesto de trabajo dignamente remunerado; en definitiva, multiplicación de la pobreza debida a que los sectores sociales más desamparados y de menor nivel educativo son los que contribuyen mayoritariamente con la reproducción biológica de la sociedad.

El panorama es francamente aterrador. Y aunque el informe Unicef aborda el período del gobierno del doctor Jorge Batlle, mal haríamos en adjudicar a éste la responsabilidad exclusiva del descalabro vergonzoso de nuestra sociedad. Esa responsabilidad criminal está repartida y es compartida por los principales dirigentes de los dos partidos tradicionales, de modo que tanto o más que el presidente anterior, son responsables los doctores Sanguinetti y Lacalle. Ellos, que siguieron al pie de la letra la política económica que empezó a aplicar el gobierno cívico-militar, que no se inmutaron por la destrucción del aparato productivo, que no se conmovieron por el aumento de la desocupación, que permitieron la marginación de sectores importantes de la sociedad, son responsables ante la historia por los resultados patéticos de sus gobiernos.

Será muy difícil y costará un esfuerzo descomunal detener el proceso de deterioro primero y, luego, empezar a revertirlo.

Es una tarea en la que estamos todos involucrados. *