En la entrevista de Raúl Legnani al profesor Alvaro Rico publicada ayer en LA REPUBLICA, con motivo del lanzamiento de su último libro, el destacado investigador realiza una serie de puntualizaciones de suma importancia.
En momentos en que la teoría de "los dos demonios" sigue siendo enarbolada con tozudez por la derecha; cuando el comandante en jefe del Ejército --estimulado por ese discurso-- propone un "nunca más" de parte de los dos bandos al tiempo que advierte que en caso de darse nuevamente ciertas condiciones, las FFAA deberían actuar de la misma manera; cuando desde la página editorial de El País el doctor Gonzalo Aguirre exige que los guerrilleros de los sesenta y setenta expresen una suerte de arrepentimiento oficial; en tales circunstancias, la visión de Alvaro Rico pone los puntos sobre las íes y resulta por demás valiosa.
En primer lugar, el entrevistado hace referencia a "quince años de crisis del Estado de Derecho" y no, como suelen hacerlo los dirigentes de los partidos tradicionales, a los doce años de dictadura formal. Desde estas páginas, hemos reiterado que los gobiernos de Pacheco y Bordaberry deben considerarse gobiernos autoritarios, que actuaron al margen de la Constitución y no respetaron la separación de Poderes. Desde junio de 1968, el país vivió en un estado de excepción a cuyo amparo se conculcaron libertades, derechos y garantías individuales; no fue una dictadura formal pero fue, de hecho, un régimen dictatorial. Fue entonces que la guerrilla urbana del MLN pudo desarrollarse y llevar a cabo sus acciones más célebres.
Este hecho es soslayado (o desvirtuado) concienzudamente por quienes tergiversan la historia reciente haciendo hincapié en la afirmación de que la guerrilla se levantó contra gobiernos democráticos y que es, por tanto, la responsable del golpe de estado de junio de 1973. Es una forma de justificar los "excesos en la represión".
Más adelante sostiene Rico: "El consenso dominante incluyó una interpretación estereotipada de la historia reciente del país, que trasladó la discusión no al golpe de estado, la dictadura y los responsables institucionales, sino a los años sesenta, la radicalización social y los desafíos armados de actores no estatales".
Para el discurso de la derecha, los crímenes del terrorismo de estado encuentran su explicación (cuando no su justificación) en la insurrección armada de los sesenta. Por eso se pretende equiparar a los guerrilleros con los represores, condenándolos por igual y exigiendo a aquellos que se unan a éstos en un mea culpa compartido y en un pedido de perdón recíproco.
El problema es que con esa tesitura se confunde el combate a la insurrección armada con la represión brutal y despiadada contra partidos, organizaciones sociales, sindicatos y militantes antidictatoriales que el país padeció durante los doce años de régimen de facto cívico-militar.
Es preciso denunciar ese discurso y combatirlo todas las veces que sea necesario hasta que la sociedad comprenda definitivamente la falacia que contiene. *
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