El silencio de El País

Casi unánimemente, los medios del país recogieron y brindaron a sus lectores y oyentes --con mayor o menor destaque-- la noticia sobre el fallo histórico del Tribunal de Apelaciones que consagró el derecho a la información y la consiguiente obligación para los vendedores de diarios y revistas de distribuir LA REPUBLICA sin importar el precio.

En noticieros y programas periodísticos, se comentó este triunfo de la libertad de informar y del derecho a recibir información; en su edición del viernes 13, la mayoría de los medios escritos también consignaron el hecho transcribiendo las partes medulares de la sentencia definitiva que lauda de manera inapelable sobre un asunto de vital importancia no sólo para el medio injusta e ilegalmente censurado por la corporación monopólica, sino para toda la prensa escrita y para la salud de un régimen democrático.

Solamente un miope podría no advertir la trascendencia de esta resolución judicial que no deja dudas respecto de la supremacía del derecho a informar y a ser informado por encima de cualesquiera otros derechos consagrados en la Constitución y las leyes.

Pero claro, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Porque si hemos dicho que "casi unánimemente" los medios del país informaron del asunto, y que "la mayoría de los medios escritos también consignaron el hecho", es en razón de que se produjeron algunas lamentables deserciones.

La más notoria es (¡cuándo no!) la del matutino de la Plaza Cagancha, cuya edición de ayer no dedica ni una sola línea a la resolución inapelable de la Justicia.

Cuesta concebir que una publicación diaria como El País, con una trayectoria nonagenaria, haya resuelto que el asunto no merecía ser difundido. Resulta inconcebible una omisión de esa naturaleza que implica mirar hacia el costado, soslayar un acontecimiento que va más allá del hecho concreto. El colega ha menospreciado una decisión judicial que trasciende el ámbito privado de un conflicto que enfrentó a un medio con la organización encargada de su distribución, para ingresar en el terreno de la cosa pública y convertirse en un asunto que concierne a los ciudadanos y a su derecho a recibir ideas, información y opiniones.

¿Cómo explicar esa postura prescindente del colega?

¿No deberían todos los medios escritos congratularse por un fallo de la Justicia que los concierne directamente y que desbroza el camino para terminar definitivamente con la dictadura de una corporación monopólica que, de hecho, ejercía una censura de prensa al arrogarse el derecho de decidir --en función del precio o de lo que fuere-- qué impresos se exhibirían en sus quioscos y cuáles no?

Esta omertà, este vergonzoso ninguneo de un asunto de primordial interés público, descalifica a El País y nos lleva a recordar su ominosa adhesión a la causa del gobierno de facto cívico-militar, cuando se convirtió en vocero oficial de los facciosos y ofreció sus páginas para justificar el oprobio y el terrorismo de estado. *