Los hechos siguen sucediéndose con aterradora frecuencia. Cuando todavía los trabajadores del transporte lloran el vil asesinato de un chofer en el barrio Casabó, en un acto de violencia absurdo pero que es demostrativo del deterioro en que se están sumergiendo sectores marginales de nuestra sociedad, se produce otro crimen atroz: un joven fue muerto a tiros por un malviviente por haberse negado a entregarle sus zapatillas. Los detalles de estos hechos son inauditos y sabemos que, lamentablemente, ocurren cada vez con mayor frecuencia. Sirven para mostrar la grave enfermedad de sectores de nuestra sociedad que han hecho de la violencia y el delito su forma de vida, y otro sector --el mayoritario-- que se sigue replegando y aterrado sin encontrar respuestas institucionales a este desquicio delictivo.
¿Cómo es posible que no se pueda caminar por la ciudad con la más mínima tranquilidad? ¿Es aceptable que bandas de menores reiteren las acciones delictivas --como han denunciado en forma los comerciantes de Colón-- sin que nadie pueda hacer nada, porque la legislación ampara a los que delinquen? Entonces, ¿Montevideo se ha convertido en tierra de nadie? Y lo decimos porque, evidentemente, por razones a estudiar la Policía está desbordada o no posee los reflejos operativos adecuados para actuar con oportunidad, evitando la acción de la creciente delincuencia. Tampoco la Justicia tiene --nos parece que ello también se evidencia-- códigos actualizados para poder adoptar medidas que determinen una eficaz tarea para contribuir a revertir el gravísimo problema.
Claro, debemos tener en claro la herencia que recibió este gobierno. Ese caldo de cultivo que significa un millón de uruguayos por debajo de la línea de la pobreza y varios cientos de miles en la marginalidad, hundidos en un subconsumo atroz, verdadero caldo de cultivo de este tipo de delincuencia violenta, de subsistencia. Son muchachones, algunos de ellos capaces de asesinar, por la recaudación de un ómnibus, de un taxi, o para robar unas zapatillas. No son los que asaltan bancos o cometen delitos de otro nivel. Son oportunistas, rapiñadores, ladronzuelos, muchos de ellos armados, que son impulsados al delito, sin ser contenidos en su ámbito familiar y tampoco por las instituciones específicas que deben actuar en consecuencia.
Y esto es lo más grave, porque ante ese vacío institucional, es que aparecen las medidas de la gente: las rejas, las alarmas, las cercas eléctricas y, por supuesto, los "grupos" de autodefensa, como el que al parecer anunció su acción en el barrio Casabó.
Las autoridades del Ministerio del Interior sostienen que hacen falta más efectivos policiales. Ello es posible, pero también es evidente que quienes han tenido las tristes experiencias de ser robados o rapiñados, muchas veces al presentar la denuncia ante la Policía, tienen la sensación de que la respuesta es la indiferencia que, quizás, tenga un alto ingrediente de impotencia.
Cuando hablamos de reflejos policiales, es evidente que ellos están por lo menos adormilados. ¿Cómo es posible que la muerte del trabajador de Raincoop en Casabó se haya producido en el marco del tercer asalto a un ómnibus ocurrido prácticamente en el mismo lugar. ¿A la Policía no se le ocurrió ante el primero de ellos que se debía investigar y tratar de detener a los responsables? Y no dicen, además, que se denuncian promedialmente unos quince asaltos de este tipo por día.
Veremos qué ocurre. La seguridad se encuentra en una encrucijada difícil de superar, en un vórtice dramático en que --como ocurre siempre luego de períodos de dramatismo-- se adoptarán algunas medidas. Sin embargo los temas de fondo seguirán planteados. Esperemos un análisis serio, profundo que, en definitiva, nos sirva a todos los uruguayos, para convivir en un país en paz social, en donde todos podamos, como debemos, trabajar. *
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