El camino que nos queda por recorrer

El camino al desarrollo está empedrado de dificultades e incomprensiones. Nuestro país, que está viviendo una situación de notable mejoramiento en varios de sus índices, está arribando a una etapa diferente en la cual, desde el gobierno, se deben sopesar muy detenidamente las alternativas que se tienen por delante que, claramente, pueden llevar a que el país comience a pisar firme o que, dentro del actual esquema, siga desarrollado deformidades que a la corta o a la larga se conviertan en agobiantes contrapesos para que esa mejoría general que todos queremos se diluya como el agua de un río en el mar.

Si este crecimiento que el país está acumulando se utiliza para engrosar aún más al Estado, nos parece que habremos errado el camino.

De que vale un esfuerzo mancomunado de esta magnitud que se suma a una coyuntura internacional positiva para nuestra región y el tipo de producción primaria de que somos dueños, si esa riqueza sirve para multiplicar elementos insólitamente injustos, privilegios insoportables de quienes son prescindibles, pero cuya función está garantizada por una "inamovilidad" que tiene elementos perniciosos que, obviamente, no son los que se aplican en el resto de la sociedad.

Por eso, reclamar desde esta página que se concrete, de una vez por todas, el proyecto de Reforma del Estado, con el fin de resolver una serie de temas que hacen de nuestro Estado a un monstruo pesado e ineficaz, es coincidir con un reclamo de la sociedad en su conjunto.

Los partidos llamados tradicionales utilizaron, durante muchas décadas, a la función pública como una cantera para su clientelismo y pagaban con "cargos públicos" los favores políticos de quienes los apoyaban. En esos casos fueron apareciendo, como el círculos concéntricos, las demostraciones del más escandaloso acomodo político. Se devolvía "servicios" con embajadas, consulados y agregadurías militares en el exterior, o en niveles más bajos, con puestos de "guardahilos" en algunos entes del Estado. Posteriormente, cuando por una ley, se prohibió el ingreso de nuevos funcionarios a la administración pública, apareció el arbitrio de los Contratos de Servicio. Recordamos las escandalosas denuncias que se hicieron en torno a infinitas situaciones irregulares, de consultores pagos a cuerpo de rey, cuya función se agotaba en realizar proyectos generalmente irrealizables, pero siempre utilizando jugosas partidas provenientes de organismos internacionales a las que se les aditaba las contrapartidas nacionales.

Todo un mundo de corruptelas, de grandes y pequeños acomodos, de demostraciones de cómo los políticos mediocres, para mantener su poder, utilizaban esos arbitrios importándoles poco estar creando una casta privilegiada que, evidentemente, su propia existencia, le hizo mal al país y, de alguna manera, carcomían nuestra democracia.

El esfuerzo que está haciendo la sociedad uruguaya, los exportadores, quienes producen para vender al exterior, quienes día a día transforman las materias primas en riquezas, los empresarios y trabajadores del caucho, de los alimentos, los textiles, los que fabrican ropa, en definitiva, los de las mil y una actividades que han multiplicado su trabajo impulsados por una situación positiva que le exige un mayor esfuerzo, no pueden ser desalentados en adelante por un nuevo engrosamiento del Estado.

Por ello, apurar su reforma, se hace necesario. No pueden quedar cabos sueltos y si aún persisten dentro de nuestro Estado zonas grises en donde existan los privilegios, deben ser blanqueadas de inmediato.

El futuro del país lo pide, pero además es necesario dentro de la armoniosa lógica que impone la democracia en donde no pueden existir dicotomías de esta magnitud. *