La Justicia inexorable

Como bien reza el titular de tapa de ayer, se va cerrando el cerco en torno al ex dictador. Procesado por los asesinatos de 1976 en Buenos Aires, el ex presidente constitucional y ex presidente de facto Juan María Bordaberry enfrenta hoy otras causas judiciales que incluyen más asesinatos, desapariciones y el delito de atentado a la Constitución.

Hubimos de esperar más de veinte años, desde el retorno a la normalidad institucional, para que la Justicia empezara a actuar sin los obstáculos interpuestos por gobiernos obsecuentes y pusilánimes. Se ha cerrado un lapso de veintiún años de vergüenza, un tiempo en que obstinadamente los diferentes gobiernos democráticos que se sucedieron pusieron lo mejor (y lo peor) de sí para evitar que se supiera la verdad y se hiciera justicia. Pero fueron veintún años durante los cuales la izquierda política y diversas organizaciones sociales mantuvieron viva la protesta y el reclamo de verdad y justicia. Una lucha heroica y sin cuartel contra el olvido y contra la impunidad.

La consigna del "cambio en paz" y la recomendación del doctor Sanguinetti de "no tener ojos en la nuca" fueron el sustento doctrinario de la caducidad. Ese era el discurso oficial, pero los gobernantes y los militantes de la impunidad se ocuparon muy bien de hacer saber a la población de la imperiosa necesidad de ratificar la ley so riesgo de un nuevo quiebre institucional. Ese fue el dilema que se planteó al electorado en aquel plebiscito de abril de 1989; el mensaje subliminal admitía la injusticia de la norma aprobada y sometida a plebiscito, pero hacía jugar el miedo de la gente ante la posibilidad de una vuelta a un régimen de facto y de terror.

Pero más tarde, luego de la ratificación plebiscitaria de la Ley de Caducidad, los argumentos para convalidarla y para darle un alcance que no tenía fueron variando. Se empezó a hablar de que era una solución equitativa, que venía a corregir una injusticia pues los guerrilleros habían sido amnistiados, y quienes habían "cometido excesos" en el combate a la sedición habían sido excluidos del perdón. Independientemente de la falacia que tal argumento encierra, el discurso predominante se centró en que "el tema ya ha sido laudado". Ante cada nuevo reclamo o ante la reiteración de viejos reclamos sobre casos que notoriamente no estaban amparados en la Caducidad, la respuesta fue sistemáticamente que el pueblo se había pronunciado, que había que "dar vuelta la página y mirar hacia el futuro".

Sólo el doctor Batlle ensayó un tímido intento de aplicar el artículo cuarto de la Ley de Caducidad con la creación de la Comisión para la Paz que, según él, permitiría "sellar la paz" entre los orientales. Hubo avances, es cierto, pero las heridas siguieron abiertas, y la acción de la Justicia seguía tan entorpecida como antes.

La situación cambió radicalmente con la asunción del gobierno progresista. El primero de marzo de 2005, el flamante presidente Vázquez anunció un viraje en la política de revisión del terrorismo de Estado y en la consideración de los crímenes contra los derechos humanos. Esta nueva postura del Poder Ejecutivo incidió notablemente en el asunto. Pero no porque el poder político haya resuelto inmiscuirse en la Justicia; no porque el Poder Judicial se haya sometido a los caprichos del gobierno, sino sencillamente porque éste abrió las puertas y habilitó el accionar independiente de los magistrados judiciales.

Los resultados están a la vista. Se ha avanzado en la investigación de los crímenes de lesa humanidad y se empezó a hacer justicia. Un poco tarde, es cierto, pero ello no es óbice para que los uruguayos sintamos que estamos reencontrándonos con nosotros mismos y que la Justicia inexorable caerá con todo su peso sobre los responsables del terrorismo de Estado. *