El otoño del dictador

Una frase muy manida --que integra la categoría de frases-hechas debidas a la sabiduría popular-- sentencia que "la justicia tarda pero llega". Muy probablemente en su origen se pretendía hacer referencia a que todo acto inicuo tiene su castigo por más que esa pena demore en caer sobre el culpable; esto es, que tarde o temprano "el que la hace la paga", o dicho de otro modo, que no hay delito que quede impune cuando se conoce al culpable.

Con el paso del tiempo, tal vez la expresión encerró una alusión crítica a la lentitud de los procesos judiciales pero mantuvo la confianza en que el sistema judicial haría justicia en todos los casos.

Esa percepción de que la justicia ha de llegar tarde o temprano sufrió un duro revés durante los últimos veinte años. En tiempos de dictadura la aspiración de justicia se difirió para más adelante, para un tiempo en que el país se habría reencauzado por la senda de la democracia y el estado de derecho. Sin embargo, recuperada la normalidad institucional en 1985, gran chasco nos llevamos: cuando empezaron a acumularse denuncias contra reconocidos esbirros, la clase gobernante acudió presurosa a salvaguardar a los "salvadores de la patria" mediante la aprobación parlamentaria de la Ley de Caducidad y su posterior promulgación por el Ejecutivo.

Aquella norma fue refrendada en 1989 por un colectivo de ciudadanos sensibles a las amenazas castrenses, que habían hecho suya la consigna del "cambio en paz", y que optaron por la "normalidad" y la "seguridad", sacrificando en ese altar de dudosa moralidad el supremo valor justicia. En virtud de ello, el sistema judicial quedó maniatado, inhibido de actuar con independencia, sufriendo las mismas presiones sutiles que la clase dominante ejerció sobre el resto de la sociedad.

Ayer precisamente, recordamos los veinte años de vigencia de la malhadada ley. Fueron veinte años durante los cuales los gobiernos de turno se ocuparon a conciencia, con tozudez y sin prurito alguno, de extender "generosamente" el alcance de la norma de modo que protegiera en su ominosa impunidad incluso aquellos delitos y a aquellos delincuentes de lesa humanidad expresamente excluidos del texto legal.

Fueron años de vergüenza nacional. Años de lucha contra la indignidad. Años de denuncia y de reclamos incesantes exigiendo no ya que se juzgara a todos los acusados de terrorismo de estado sino simplemente que la ominosa norma fuera interpretada cabalmente.

Con el advenimiento del nuevo gobierno progresista, que había prometido en su campaña electoral la aplicación ajustada a derecho de la ley de impunidad, el panorama y la situación cambiaron radicalmente dando un vuelco significativo en el tratamiento de las violaciones a los derechos humanos durante el régimen cívico-militar.

Los avances en ese campo han sido especialmente relevantes. Y hoy el año 2006 se cierra con connotados personeros del régimen procesados por crímenes de lesa humanidad. Figuras emblemáticas como Gavazzo, Silveira, Medina, etcétera, están en prisión. Y junto a ellos, como una representación simbólica de la connivencia cívico-militar, dos nombres, dos individuos paradigmáticos de ese execrable contubernio, también recibirán el año nuevo tras las rejas.

El motinero mayor, Juan María Bordaberry, y su fiel canciller --que no vaciló en acompañar el atentado a las instituciones y se mantuvo en el cargo-- acompañarán solidariamente a los uniformados que actuaron bajo sus órdenes compartiendo seguramente la nostalgia de los buenos tiempos idos.

Enhorabuena: la justicia tarda pero llega. *