Ha comenzado otro año.
Llegó cargado de expectativas y de perspectivas auspiciosas sobre todo en razón de ciertos logros relevantes verificados en 2006.
En nuestro editorial del pasado viernes 29 escribimos:
"Que el país está cambiando es un dato de la realidad que ni el más tozudo opositor se atrevería a negar.
Superada la crisis de 2002, cuando el país todo tocó fondo en una crisis seguramente sin precedentes, el crecimiento económico que empezó a verificarse a fines de 2003 continuó su ritmo en los años subsiguientes. Pero no hay duda de que al asumir el nuevo gobierno progresista surgido de las elecciones de octubre de 2004, hubo un cambio de rumbo que, sin descuidar los aspectos macroeconómicos, puso especial énfasis en atender la microeconomía y, fundamentalmente, en ocuparse de aspectos sociales de modo de que el crecimiento económico se reflejara no sólo en los famosos indicadores macroeconómicos sino, más que nada, en la calidad de vida de la gente, de las mujeres y los hombres de carne y hueso, olvidados y postergados durante décadas de insensibilidad e ineptitud de los gobernantes.
El ya célebre 'pensamiento único' del neoliberalismo que inhibió todo cuestionamiento hacia el sistema imperante, que proclamó el pragmatismo a ultranza y un realismo en cuyo nombre se abandonaron ideales y principios morales, va siendo lentamente abandonado a causa de los pésimos resultados obtenidos en su aplicación a rajatabla. Desde que Milton Friedman enunciara su doctrina, el mundo asistió a una profundización sin precedentes de las injusticias sociales y de la brecha que separa tanto a ricos y pobres dentro de una misma sociedad como a naciones desarrolladas y subdesarrolladas en el concierto mundial.
Los uruguayos conocemos bien esta realidad pues la hemos sufrido en carne propia. No, sin duda, al extremo de lo ocurrido en Argentina con las privatizaciones llevadas adelante por Menem, pero hemos sido víctimas de la teoría del Uruguay como país de servicios, que produjo una desindustrialización criminal y que hirió de muerte al aparato productivo.
Las consecuencias económicas de esta política neoliberal no fueron, sin embargo, tan graves como sus consecuencias sociales. El cierre de fábricas redujo drásticamente las fuentes de trabajo, lo que hizo trepar el desempleo a guarismos históricos. Paralelamente se fue dando una paulatina pérdida de poder adquisitivo del salario, lo que llevó a la pauperización de enormes sectores de la sociedad".
Cuando escribimos estas líneas, todavía no se habían divulgado las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística según las cuales, el desempleo ha bajado a menos del diez por ciento (trasponiendo la barrera de los dos dígitos cuyo efecto psicológico no es menor) y el salario real registró un aumento; esto significa lisa y llanamente que hay más trabajo (que se han creado nuevas fuentes laborales) y que los asalariados reciben mejores remuneraciones.
Este solo dato (más trabajo y mejor remunerado) sería suficiente para explicar el alto índice de aprobación que recoge la gestión del gobierno progresista cuando expira su segundo año. No es común que los gobiernos reciban un índice de aprobación tan abultado a esta altura de su mandato, cuando ya han transcurrido 19 meses desde su asunción; por lo general, la "luna de miel" entre mandatarios y mandantes no va más allá de los primeros meses de gobierno, y la aprobación popular empieza a disminuir a medida que el tiempo pasa y surgen dificultades que hacen desmoronarse las expectativas.
Más allá de cuestionamientos y reclamos, un hecho parece claro: la población ha percibido que el gobierno está tozudamente empecinado en cumplir las promesas preelectorales. También se da cuenta de que no todo es posible y que muchas de las propuestas contenidas en el programa de gobierno deben ser diferidas o modificadas de acuerdo con la realidad.
Por tanto, las expectativas de profundizar los cambios, de seguir apostando al país productivo y de que continúe el proceso de generación de empleo paralelo a la recuperación salarial, no son infundadas. *
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