El año que acaba de iniciarse promete convertirse en el de la concreción de un importante número de iniciativas gubernamentales que recogen los aspectos medulares del programa de las fuerzas progresistas.
Precedidas de la reforma tributaria, aprobada por el Parlamento y cuya entrada en vigor está prevista para julio próximo, otras reformas --referidas a otros aspectos relevantes del quehacer nacional-- deberán ser discutidas en el ámbito legislativo en el correr del año. Entre ellas, se destaca particularmente la llamada "madre de todas las reformas", esto es, la reforma del Estado.
Sin embargo, y sin que ello reste trascendencia a esta última iniciativa del Ejecutivo, hay una que contempla un problema de especial sensibilidad para toda la población pero especialmente para los sectores menos privilegiados. Estamos hablando de la reforma de la salud, que se verificará con la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, un ambicioso proyecto destinado a racionalizar y a equilibrar la prestación de servicios sanitarios.
Este proyecto pretende terminar con situaciones absurdas de superposición de servicios, así como se propone introducir equidad en la atención de la salud. Como con acierto se sostiene en la exposición de motivos del texto que el Ejecutivo remitirá al Parlamento, "la protección de la salud es un derecho humano fundamental por cuyo efectivo ejercicio el Estado debe responsabilizarse, creando condiciones para que toda la población residente en el país tenga acceso a servicios integrales de salud. En Uruguay, el sector salud se caracteriza por una amplia variedad de prestadores de servicios, cuya naturaleza jurídica y forma de financiamiento también es diversa. Básicamente, se divide en dos subsectores: público y privado, ninguno de los cuales es homogéneo ni observa relaciones pautadas de complementación al interior de sí mismo ni respecto del otro, más allá de la eventual compra y venta de servicios. A su vez, hay grandes desniveles en el gasto por usuario entre estos subsectores".
En la cita que precede se encuentran resumidos los grandes males que aquejan al actual sistema de salud; es un diagnóstico preciso y sintético de su funcionamiento, de donde se derivan características irritantes. En efecto, la preocupación sanitaria está centrada actualmente en la enfermedad más que en la salud, en la medicina curativa más que en la preventiva. Esto trae aparejado "altos gastos en tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, además de duplicación, dispersión y subutilización de los recursos disponibles", lo cual conforma "un marco altamente disfuncional al ejercicio pleno del derecho humano a la protección de la salud y aconseja la urgente instrumentación de una reforma cuyas bases sean legalmente definidas, conjuntamente con las responsabilidades de las autoridades a cargo de llevarla a cabo".
En consecuencia, el proyectado Sistema Nacional Integrado de Salud se propone como objetivo fundamental "asegurar el acceso universal a servicios integrales de salud, orientados por principios de equidad, continuidad, oportunidad, calidad según normas, interdisciplinariedad y trabajo en equipo, centralización normativa y descentralización en la ejecución, eficiencia social y económica, atención humanitaria, gestión democrática, participación social y derecho del usuario a la decisión informada sobre su situación".
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