Mayor disposición a dialogar

Casi imperceptiblemente, el gobierno argentino parece dispuesto a abandonar su estrategia confrontativa, su actitud prepotente e intransigente.

Tal vez las autoridades gubernamentales de allende el río han advertido, finalmente, que era errado el rumbo de su diplomacia.

Una diplomacia absurda, sorda a la razón, ciega al sentido común; una política sustentada en la prepotencia patotera de pseudoambientalistas que supieron captar en su cruzada demencial a unos cuantos incautos. Una agresividad insólita de parte de los grupos piqueteros, instigados irresponsablemente por un oscuro gobernador provincial.

Merced a los cortes de rutas dispuestos por enardecidos militantes de un ecologismo trasnochado, imbuidos de nacionalismo ramplón, la Argentina impuso --de hecho-- un bloqueo tan inamistoso como ilegal e ilegítimo a un pequeño país vecino. Porque de eso se trata: Uruguay es víctima de un bloqueo --parcial, es cierto, pero bloqueo al fin-- que tiene como consecuencia pérdidas económicas nada desdeñables.

El gobierno argentino ha estado omiso en controlar los desbordes piqueteros y se enfrenta a una situación similar a la del aprendiz de brujo. No olvidemos que en cierto modo los militantes ambientalistas fueron azuzados desde el gobierno y luego éste se mostró impotente para controlar los debordes.

Las sucesivas derrotas en los estrados judiciales no sirvieron para arredrar a los fundamentalistas medioambientales ni para hacer cambiar de postura a las autoridades de gobierno argentinas.

Ni el fallo de La Haya que desestimó la demanda argentina de suspensión de las obras, ni el dictamen del tribunal del Mercosur, por el que quedó establecido que los cortes violan el Tratado de Asunción, ni la decisión casi unánime del Banco Mundial de otorgar el préstamo solicitado por Botnia sirvieron para detener la furia piquetera; antes bien, pareciera que esos contratiempos hubieran exacerbado los ánimos hasta llegar a la intención --manifestada con total impunidad-- de bloquear incluso el tránsito fluvial instalando un piquete para evitar el tránsito entre Buenos Aires y los puertos uruguayos.

Felizmente, el gobierno de Kirchner reaccionó como debía haciendo saber que impedirá que se aplique dicha medida y disponiendo una guardia especial de la Prefectura en la terminal portuaria. Tal vez sea este el primer paso para distender la situación y crear el clima propicio para reanudar el diálogo, de modo de llegar a un acuerdo civilizado entre dos países hermanos.

Todo depende ahora del inminente pronunciamiento del Tribunal de La Haya sobre la demanda uruguaya contra los cortes de rutas. De lograrse un nuevo dictamen favorable a nuestros intereses, el gobierno argentino tendrá más argumentos para disuadir a los ambientalistas desaforados o, en caso de que éstos no entren en razones, para proceder a ejercer su potestad coercitiva. *