Un logro significativo

Finalmente, el partido de gobierno logró sortear el escollo de la partida de 30 millones para la enseñanza pública y conjuró la crisis que asomaba.

Se llegó a una solución de consenso que trajo alivio al Frente Amplio, que satisfizo las aspiraciones de los parlamentarios y que no irritó al equipo económico. Según se supo, habría algunos ministerios no conformes con la perspectiva de tener que postergar inversiones previstas, pero el asunto no reviste gravedad.

Apelando a una trabajosa ingeniería financiera que implica reasignación de recursos sin incrementar el gasto, los diputados frentistas lograron un acuerdo que pocas horas antes parecía imposible. Las discrepancias fueron finalmente subsanadas y superadas en una muestra elocuente de la voluntad de todos los legisladores de contemplar los más que justos reclamos de los trabajadores de la Enseñanza.

Enhorabuena. No debemos olvidar que profesores y maestros han venido sufriendo un deterioro notorio en sus ingresos. Hasta mediados de los años sesenta, los docentes uruguayos tuvieron estipendios decentes que les permitían un decoroso acceso al consumo. Hoy, cuarenta años después, esas profesiones están pésimamente remuneradas. Fue, sin dudas, un deterioro paulatino que comenzó con la congelación de salarios (aunque oficialmente el gobierno de Pacheco la llamó congelación de precios y salarios, en rigor fue una congelación de salarios), que siguió bajo la dictadura y que, pese a algunos tímidos repuntes bajo las administraciones posdictadura, no logró ser revertido de manera tal que los docentes pudieran llegar al nivel de otrora.

Maestros y profesores se hallan en los últimos peldaños en lo que tiene que ver con retribuciones y debieron --como tantas otras actividades públicas y privadas-- apelar al multiempleo para redondear un ingreso mensual medianamente decoroso. El gran problema es que se trata de un trabajo particularmente desgastante y de enorme responsabilidad, por lo que el multiempleo atenta no solamente contra la salud y la calidad de vida de los docentes, sino que afecta directamente la calidad de la educación que imparten. Para que un profesor o un maestro desempeñe correctamente su tarea educativa y formativa, no debería trabajar más de 20 horas semanales, teniendo en cuenta que deberá destinar tiempo extra a la planificación, a preparar las clases y a corregir trabajos, amén de preocuparse por mantenerse al día en cuestiones pedagógicas y didácticas.

Aplaudimos, pues, la solución hallada por los legisladores para que los funcionarios docentes --y los no docentes también-- empiecen a recuperar su nivel salarial de modo de redignificar una profesión que precisamente por las bajas remuneraciones había ido perdiendo el prestigio social de otros tiempos.

Consideramos, asimismo, que los gremios de la Enseñanza pública deben valorar el logro obtenido merced al esfuerzo de los parlamentarios que no cejaron en su propósito de mejorar el presupuesto educativo. Es probable que la cifra de 30 millones no sea suficiente para colmar las expectativas, pero debe verse como un primer paso fundamental en el camino de revertir la tendencia perversa de los últimos cuarenta años. *