Se les perdió la vara para medir conductas

Cuando el gobierno se controlaba a sí mismo, y eso pasó desde el gobierno de Lacalle para acá en forma descarada, a la derecha le parecía bien. Durante el primero posdictadura de Sanguinetti, a la oposición se le dio lugares en los entes, pero esa resultó una presencia molesta. En los gobiernos subsiguientes ni hablar.

Con una antigüedad de 12 años en los cargos y una composición que refleja la realidad política del país con años de atraso, el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral son ejemplo de falta de lealtad institucional y de un aferrarse al sillón, por lo menos indecente.

Los partidos tradicionales no quieren soltar esa parcela de poder y los hombres que los representan se descalifican a sí mismos aceptando permanecer en esos cargos.

Increíble. Los blancos dicen que están preocupados con la posibilidad de que la concentración del poder sea muy grande porque ellos no participan en el gabinete, ni en la dirección de los Entes y organismos públicos. Esto, que es cierto y quizá inconveniente, es también responsabilidad de una oposición que tuvo, desde el comienzo del actual gobierno, la intención de quitarle toda la legitimidad que fuera posible. Una actitud, por lo menos, poco democrática porque nunca antes el gobierno había accedido al poder con más de la mitad de los votos.

Y los cargos, para controlar de cerca, estaban disponibles sin condicionamientos (algunos están todavía).

Pero los votos que los legitimaron en su momento, no legitiman los cambios que otros puedan impulsar. Curioso razonamiento por el cual sólo políticas de derecha son sensatas, posibles, aceptables, democráticas, legítimas... convenientes.

Muchos uruguayos creímos que el nombramiento del nuevo fiscal de Corte destrancaba la situación. Aunque no se aceptó considerarlo en "paquete" con los organismos de control (Corte Electoral y Tribunal de Cuentas) se discutiría posteriormente con ánimo de resolverlo.

¡Qué la inocencia les valga! a quienes creyeron en la "gentileza" de la oposición. Porque resolverlo sólo parece posible si se acepta cambiar el criterio de representación, o sea, algunos negocian sólo sobre la base de que se acepte lo que les convence. Fantástico.

Personalmente creo que el gobierno haría bien en hacerles el gusto aceptando sólo tres representantes en el Tribunal (siete integrantes) y cuatro en la Corte (nueve miembros). Quien tuvo mayoría absoluta en las urnas queda en minoría, pero se fortalece la institucionalidad y la situación no es peor que la actual. Algo mejora. Aunque quizá tengan alguna "cosita" más para pedir.

Similar situación tenemos con la propuesta de descentralización. "Descentralizar sí, pero así no. Esto está mal, le quita ejecutividad a la gestión, no hay recursos..." ¿Cómo entonces?

Acusan al gobierno de confundir participación con descentralización, que no son sinónimos, pero que tampoco existen la una sin la otra. A un gobierno que parece tener clara la importancia de democratizar la sociedad en el interior del país.

En realidad, como decía mi tío: "no hay una (...) que les venga bien".