Una obligación del gobierno progresista

La lucha contra la carestía ha sido un objetivo de toda la vida, fundamentalmente de la izquierda uruguaya y la clase obrera.

Hoy la misma es un yugo con la ley de usura con los comestibles de primera necesidad; abruma a los pobres.

Ante esta realidad, se necesitan medidas trascendentes que den solución a parte de la población.

Se puede y se debe cambiar la impunidad del mercado con los artículos básicos alimenticios, poniendo en paralelo medidas concretas de abaratamiento significativos de productos tales como azúcar, arroz, fideos, yerba, harina, harina de maíz, café, coco y otros productos necesarios para una vida digna.

Se puede y se debe hacer tal como se pudo y se hizo en 1947 con la aprobación de la Ley de Subsistencia y Contralor de Precios, número 10.940 del 17 de setiembre, en un momento histórico en el que la subsistencia popular no era ni cerca la sombría realidad de hoy, una herencia distintiva de el o de los gobiernos anteriores.

Como esto ya se sabe, lo que se tiene que tratar ahora es de solucionar el mal, y los que tengan mala memoria deben curársela.

Aquella Ley 10.940 ponía en manos del gobierno poderosas herramientas políticas, administrativas, económicas y jurídicas para combatir la carestía y contra la cual se movilizaban los sectores populares.

Sólo que al final la corrupción intrínseca del sistema político burgués desvirtuó sus alcances y se sucedieron años de acaparamiento, escasez y agiotaje con los artículos de primera necesidad.

Entonces, hoy y aquí el Estado debería intervenir con decisión y prontitud para cambiar la realidad de carestía impune y desenfrenada que al pueblo tiene de rehén del mercado capitalista, de rehén de la libertad de lucro, es decir, la del zorro suelto en el gallinero de las gallinas libres. A tal zorro usurero hay que pararle la mano.

Sin duda, el abaratamiento de los artículos de primera necesidad es un servicio público de alcance social fundamental, con el Estado involucrado y no desertando de su deber, yendo a solucionar con prontitud y urgencia este asunto de la mayor importancia alimentaria, pasando --el Estado-- a ejercer también como bolichero de los pobres. Debería instalar en todos los pueblos y ciudades los puestos de venta correspondientes, en los que debe estar ausente el lucro y sí solamente el costo para cubrir la estructura y operacional del sistema, incluso debería subsidiar porque justo es que por una vez, por lo menos ,se subsidie la necesidad de los pobres, frente a tanto subsidio que se les ha dado a los --y sigue dando--, a los ricos por imperio de leyes y decretos vigente de anteriores gobiernos --les guste o no herencia maldita--, privilegios que deberían derogarse sin importar cuánto chillen los vivos de siempre.

El gobierno debe participar como un gigantesco mayorista de producir, que quiere decir mano de obra y también comprar por millones de unidades de litros y kilos considerando que tales volúmenes en origen es seguro que no tienen ni la tercera parte del costo final que al pueblo se lo hace pagar en el mostrador del menudeo.

Esa acumulación de ganancias intermedias es la madre del borrego, la carestía.

Hoy en día este es un asunto de inusitada gravedad, afectando notoriamente la calidad de vida de los pobres trabajadores, pasivos que desoladamente ven cómo la carestía es --quien vacía-- el sobre de las quincenas.

El gobierno frenteamplista tiene que encarar urgentemente este grave problema porque la realidad lo exige y lo pone en el orden del día de cualquier discusión.

Se puede y se debe hacer integrando a la sociedad en el control del sistema, principio que también preveía la Ley 10.940.

¿Recuerdan aquella demagogia de 1984 --el cambio en paz-- y de esperar a que la torta creciera para después repartir los beneficios?

Con las pruebas del tiempo a la vista, el tal cambio fue la impunidad para los dictadores, la torta creció pero se la comieron los opulentos de siempre, dejaron terriblemente y en el CTI a la República; a los pobres únicamente les repartieron más miseria, hambre y desocupación.

Por eso en este asunto no hay que esperar a que las cuentas cierren, porque sería esperar hasta que las calendas griegas. En este momento tendría un gran impacto positivo para lograr abaratar un treinta por ciento artículos esenciales de la canasta popular en expendios abiertos para esos fines.