Reforma educativa: el debate debe continuar

Una de las reformas estructurales que se ha planteado el gobierno actual es la del sistema educativo. Juntamente con la tributaria (ya en vigencia), la de la salud (a punto de aprobarse en el Parlamento) y la "madre de todas las reformas" como ha sido llamada la reforma del Estado, la de la Educación es un pilar fundamental para el proyecto de país que la izquierda propugna.

Es --qué duda cabe-- una asignatura pendiente que el país debe rendir de una vez por todas, pues los problemas en la enseñanza no son de ahora; antes bien, se arrastran desde hace decenios y nunca se ha arribado a una solución que satisfaga a todos los sectores de la sociedad y que contemple las aspiraciones de los involucrados.

Desde que a comienzos de 1973 se aprobó la Ley de Educación General, obra del entonces ministro de Educación y Cultura del gobierno de Bordaberry, Julio María Sanguinetti, la educación en general y la enseñanza pública en particular han venido sufriendo un proceso de deterioro que las sucesivas reformas introducidas no han sabido detener. Claro está que no es posible achacar todos los males a la "Reforma Sanguinetti", pues la política educativa desarrollada por el régimen de facto contribuyó notoriamente a ese deterioro. Ocurre que paralelamente al proceso de deterioro educativo, el país asistió a otro proceso perverso de ruina económica, de ruptura del entramado social y de profundización de la pobreza y la marginalidad; en este proceso se produjo una paulatina desvalorización del papel del docente acompañada de la caída espectacular de los sueldos de maestros y profesores, cuyo prestigio social cayó a pique hasta extremos inimaginables.

En la última sesión del Senado, el senador Enrique Antía puso sobre la mesa un problema concreto de los tantos que ostenta la enseñanza en Uruguay: la formación docente, la tarea de los centros regionales de profesores, la descentralización, el papel del IPA y las perspectivas de futuro. El doctor Sanguinetti, hoy en el Senado, se refirió también al tema y expuso su parecer sobre el punto reconociendo que se había producido una baja en la calidad de nuestra enseñanza, hecho que atribuyó a un fenómeno de masificación de la educación que se viene desarrollando desde fines de los años cincuenta del siglo pasado. Este planteo es muy atendible, pues el nivel educativo de que nos vanagloriábamos los uruguayos no era el nivel educativo de la mayoría de la población, sino tan sólo el de las clases altas y el de una clase media acomodada, la única que tenía verdadero acceso a la enseñanza secundaria pública. Porque si bien la educación gratuita estaba consagrada teóricamente para todos los habitantes del país, en los hechos era muy difícil que los jóvenes provenientes de hogares pobres completaran sus estudios secundarios.

Esa correinte masificadora a que aludimos más arriba, que promovió la construcción de nuevos liceos en todo el país y en todos los barrios de Montevideo, tuvo por efecto una caída importante en la oferta de mano de obra, esto es, para decirlo en términos vulgares, que el Consejo de Secundaria no contaba con el número necesario de docentes para hacer frente a la creación de nuevos grupos. La enseñanza, que hasta entonces había sido elitista, hubo de amoldarse a la nueva realidad. Fue así que creció el número de profesores "precarios" pues el Instituto de Profesores Artigas no daba abasto para formar los docentes necesarios.

Esto trajo aparejado una caída en el nivel de exigencia académica del Instituto y, por consiguiente, una merma en el nivel profesional de los docentes egresados.

La reforma educativa está en una fase de análisis y sólo existe una suerte de "borrador" que ya ha levantado críticas desde varios sectores. A pesar de que desde el Ministerio de Educación y Cultura se promovió un debate general sobre el asunto, entendemos que ese debate debe continuar y profundizarse de modo tal que se llegue a un diagnóstico correcto de la realidad de la enseñanza en el país y que se logren los consensos necesarios para diseñar las pautas o los grandes lineamientos que habrán de regir la reforma. *