Nuevo impulso conservador

Es inminente la entrada en vigencia (luego de que el Senado apruebe las modificaciones introducidas en Diputados y que sea promulgada por el Ejecutivo) de la ley que reglamenta las uniones concubinarias.

Con el gobierno del Frente Amplio, el país parece retomar la senda trazada por el primer batllismo, aquella formidable corriente liberadora, socialdemócrata y popular, que construyó un país moderno y avanzado en su legislación social.

Sin que ello signifique aplaudir los excesos cometidos por José Batlle y Ordóñez en su virulento anticlericalismo, debemos reconocer que sus medidas de gobierno fueron revulsivas y revolucionarias, por cuanto desplazaron a la Iglesia Católica del sitial de privilegio que ostentaba hasta entonces. La famosa separación de la Iglesia y el Estado significó un golpe de muerte a la hegemonía que ejercía esa institución en todos los aspectos de la vida del país. El laicismo a ultranza que observó el viejo estadista a comienzos del siglo pasado lo llevó a tener posturas francamente ofensivas hacia la religión; pensemos solamente en el hecho de escribir el vocablo Dios con minúscula, o en la sección del diario El Día "Leyendo la Biblia", donde comentaba con ironía casi burlona algunos contenidos del libro sagrado de los cristianos. Pero si bien se trata de actitudes irritantes para los creyentes, las reformas y toda la legislación llevada a cabo durante sus dos períodos de gobierno significaron un avance liberalizador de las costumbres.

Ahora estamos asistiendo a otro impulso en el mismo sentido. El proyecto de ley de salud sexual y reproductiva --independientemente de la oposición presidencial y de la amenaza de veto-- se inscribe en la corriente modernizadora y liberal (en el mejor sentido del término), que sacude a nuestra sociedad y que se manifiesta precisamente en las iniciativas legislativas de referencia. Tanto en tiempos de don Pepe Batlle como ahora, tales iniciativas levantan la fuerte oposición de los sectores conservadores y confesionales. Quienes se han opuesto con mayor brío a la despenalización del aborto y a la ley de uniones concubinarias son en su mayoría legisladores y dirigentes políticos pertenecientes al Partido Nacional, una colectividad política estrechamente ligada a la Iglesia Católica.

Atados a viejos dogmas y exhibiendo una mal disimulada homofobia, se rasgan las vestiduras clamando contra una ley que, según su percepción, atenta contra la familia. Tal argumento cae de su peso si tenemos en cuenta que el fenómeno de resquebrajamiento de la familia y su desvaloración viene arrastrándose desde hace casi medio siglo y surgió y se profundizó sin que mediara norma alguna que promoviera la destrucción de la familia. Es un fenómeno social que ocurre más allá de las leyes, y cuyas causas hay que buscarlas no solamente en los cambios de mentalidad que va sufriendo la sociedad sino, también, en la crisis económica y social que padecemos desde hace demasiado tiempo. La aplicación de una política económica que privilegió el libre mercado y la apertura al exterior tuvo como consecuencia la concentración de la riqueza en manos de unos pocos y la exclusión social de los más. Y en los sectores medios no excluidos, los que aún se consideran pertenecientes a la clase media, generó un descreimiento generalizado en todos los valores que las generaciones anteriores tenían como sagrados.

La reglamentación de las uniones concubinarias --hetero u homosexuales, poco importa-- no hace sino recoger una inquietud ciudadana y dar marco legal a una realidad cada vez más extendida.