¡Qué tupé!

Según informó la prensa ayer, los abogados defensores del ex tirano y actual reo Gregorio Alvarez, después de haber interpuesto todos los recursos habidos y por haber --chicanas impresentables que hacen menguar su ya devaluado prestigio--, presentaron formalmente renuncia a la defensa del militar procesado como forma de indignada protesta por el "trámite que se está dando a estos procedimientos, que ha determinado la inexistencia del marco normativo legal y constitucional que ampara los principios del debido proceso legal y las garantías para la defensa de cualquier justiciable", según reza el escrito presentado por ambos profesionales al juez Luis Charles. Han expresado que no están dispuestos a "cohonestar una actividad jurisdiccional viciada de nulidad y sin garantías, como la que se está llevando a cabo".

Por las dudas de que el lector piense que es un error o una broma nuestra, confirmamos que todos los entrecomillados son absolutamente textuales. Aclaramos esto ante la posibilidad cierta de que al lector le cueste creer lo que está leyendo y piense que lo más probable es que se trate de una humorada. Pues no. Ni es una trampa nuestra ni es la irrupción de una veta humorística de los abogados.

Estamos acostumbrados a que la realidad sobrepase la ficción, y no deberíamos sorprendernos por ciertos hechos de la realidad. Sin embargo, nuestra capacidad de asombro no está agotada, y creemos nuestra obligación compartir ese asombro con los lectores.

Que un motinero que violó su juramento, pisoteó la Constitución, fue jefe supremo del Ejército, se eligió presidente de la República, comandó la represión más despiadada y brutal, fue responsable del padecimiento físico y psicológico de miles de compatriotas y del terror del resto de la población; en fin, que alguien con esos antecedentes y que hizo someter a la "justicia" militar a miles de ciudadanos, condenados por ésta en juicios --esos sí, sin la más mínima garantía-- estalinistas; que nada menos que el Goyo, una suerte de dictador emblemático, venga ahora a rasgarse las vestiduras porque la justicia ordinaria no le ofrece garantías, es francamente inconcebible.

Queremos suponer que los defensores de Alvarez llegaron a sentir un cierto escozor al denunciar la supuesta falta de garantías del proceso judicial del que resultó procesado su patrocinado.

Todo el juicio se desarrolló dentro del más estricto cumplimiento de las normas del proceso, y el hoy procesado contó con todas las garantías del estado de derecho, exactamente al revés de lo que era práctica habitual con los detenidos bajo el terrorismo de estado del que Alvarez fue fiel exponente.