Fue en tiempos de la dictadura cívico-militar que empezó a extenderse una nueva "profesión": la de hurgador de residuos domiciliarios (requechero o reciclador). Cierto es que siempre hubo excluidos que hurgaban en los tachos de basura en busca de restos de comida o de objetos diversos desechados por los hogares incluidos; pero eran una presencia excepcional en las calles de Montevideo o, al menos, su número era por demás reducido y se desplazaban a pie. Eran casi la réplica montevideana de los "clochards" parisinos aunque, claro está, sin el "charme" de éstos. Como decimos al comienzo, no fue sino cuando la crisis económica y social precipitó el golpe de Estado y se instaló el "proceso", que los carritos de tracción a sangre equina empezaron a pulular por la capital. La gran diferencia visible era que los nuevos carritos tirados por caballos no tenían aquellas grandes ruedas de madera y llantas de latón que lucían las modestas pero coquetas jardineras de antaño, sino un eje de automóvil sobre neumáticos.
Los cada vez más numerosos marginales y excluidos hallaron en los residuos domiciliarios --sobre todo en la venta de materiales reciclables encontrados entre restos de comida-- su medio de vida; la manera de parar la olla en el hogar ante la desaparición de fuentes de trabajo y los cada vez más menguados salarios.
El fenómeno siguió reproduciéndose y creciendo exponencialmente luego del retorno a la normalidad institucional. A tal punto que bajo la primera administración comunal frentista --la del doctor Tabaré Vázquez-- el municipio debió enfrentar el problema y buscar soluciones al mismo. Fue entonces que se comenzó a censar a esa población y a intentar llevar un registro, al tiempo que se les imponía un mínimo de exigencias, como identificarse con una chapa y llevar alguna luz.
Esto último respondía a un reclamo generalizado de la población ante el incremento de accidentes de tránsito en los que intervenían carritos de hurgadores. Porque, seamos sinceros, la presencia de estos vehículos en las calles de la ciudad causó un rechazo generalizado de parte de los vecinos; y no sólo de los automovilistas, sino de toda la población, que veían no solamente un peligro para la circulación, sino que se quejaban por las deposiciones equinas, por las bolsas de basura rotas y abandonadas con parte de su contenido, por el maltrato que sufrían los solípedos, y por la pésima imagen que desprestigia a la ciudad.
La respuesta municipal al problema fue cauta, sensata y razonable. Se entendió, desde el gobierno comunal, que era preciso regularizar la actividad de los hurgadores, enmarcarla dentro de cánones de convivencia civilizada. Era preciso ver el lado social del asunto, ese drama brutal reflejo de la crisis, que nos golpea en el rostro como increpándonos para hacernos ver la realidad incómoda.
Hubo asistencia social de parte del Municipio, se les otorgaron lugares para realizar su tarea clasificatoria como forma de reconocer la importancia del trabajo que efectúan y de dignificarlos como seres humanos.
Ahora bien, a medida que crece el número de uruguayos que se dedican a esa tarea, las transgresiones e infracciones a la mínima normativa establecida se han vuelto moneda corriente. Entre ellas, cabe mencionar el trabajo infantil y la dispersión de residuos alrededor de los contenedores.
Entendemos que las medidas y sanciones dispuestas por la Intendencia son correctas y justificadas, y que no ameritan la respuesta corporativa dada por el gremio. Si, como dicen los dirigentes, son unos pocos los que no acatan las disposiciones, pues entonces no corresponde esa manifestación masiva de protesta.
El problema requiere soluciones de fondo. Mientras tanto, es necesario permitir que continúen con su actividad pero exigiéndoles respeto por las normas.
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