La Justicia uruguaya en los umbrales de la bancarrota

En cualquier sociedad contemporánea, privar de los recursos necesarios a un poder del Estado pone en riesgo el mentado equilibrio de poderes sobre el que reposa, según se sostiene, toda la legitimidad del sistema institucional.

En un país como Uruguay, con una fuerte tradición ideológica en ese sentido, el peso de lo judicial sobre el conjunto de la vida social es sumamente significativo.

De ahí la importancia que adquiere la situación crítica en la que se ha ido acorralando a la Justicia uruguaya.

Los problemas no nacen todos del Presupuesto, ni mucho menos.

Existen contenciosos importantes, diferencias de opinión serias y significativas entre magistrados, funcionarios, actuarios y los miembros de la Suprema Corte de Justicia.

Diferencias que tienen que ver con aspectos técnicos y doctrinarios, con la postergación --para los funcionarios-- de regularizaciones escalafonarias que éstos estiman impostergables y problemas derivados de las necesidades que impone la acción estrictamente penal del Poder Judicial, trabada y desbordada por las nuevas y más graves modalidades delictivas y el retraso en las actualizaciones normativas pertinentes.

A este conjunto grave de cuestiones inherentes a su desarrollo, el Poder Judicial sufre las consecuencias de un larguísimo ciclo de postergaciones presupuestales que ha dejado a las inversiones en materia de locales totalmente a la deriva: oficinas insuficientes y dispersas, antigua e insuficiente infraestructura informática, reformas en los locales a medio hacer, como las de la ex sede de la ONDA, construcción de edificios sin terminar --como el Palacio de Justicia en la Plaza Independencia, que cuando se termine, si es que se termina algún día, será el edificio nuevo más viejo del mundo.

En este cuadro, las asignaciones presupuestales para el Poder Judicial previstas en los acuerdos entre legisladores blancos y colorados vienen a echar leña al fuego que sacude de un extremo al otro a la Institución.

Tal como lo informaba LA REPUBLICA en su edición de ayer, tanto el gremio de los funcionarios como la Asociación de Magistrados se habían reunido, hace alrededor de 20 días, con el presidente del Directorio del Partido Nacional, Dr. Lacalle.

En esa instancia, las asociaciones reclamaron el cumplimiento de los acuerdos previos al balotaje de noviembre de 1999.

En esa entrevista el Dr. Lacalle informó que se otorgaría una cifra del orden de los 10 millones de dólares.

Una cantidad bien por debajo, por cierto, de los 27 millones solicitados por la Suprema Corte y que fueron inexplicablemente ignorados por legisladores de la coalición de gobierno.

La cifra acordada ahora hace caer esos 10 millones a cinco, con el consiguiente agravamiento del conflicto.

El cuadro de paralización jurisdiccional como resultado de las medidas gremiales, el agravamiento del conflicto con los actuarios y la discutida suspensión de los plazos procesales dispuesta por la Suprema Corte --y fuertemente objetada por el Colegio de Abogados-- han colocado a un poder fundamental del Estado en los umbrales de la bancarrota.

Como señala una exhaustiva nota periodística publicada en su edición del jueves por el semanario El Día, el Poder Judicial, con alrededor de 400 locales en todo el país y con 4.300 funcionarios tiene un presupuesto casi similar al del Poder Legislativo, con un local y 1.600 salarios que solventar.

Como se puede apreciar, la situación es de una gravedad extrema.

La absoluta falta de solvencia por parte de la conducción política del país tiene en esta crisis una responsabilidad esencial.

El deterioro de la administración de justicia es un capítulo más, de los que conllevan mayor gravedad, del proceso de desmantelamiento del Estado en función de convicciones ideológicas de matriz neoliberal cuya aplicación sistemática redunda en crecientes perjuicios para el país.