El conflicto de la Exxon-Mobil

La lucha por la independencia, la soberanía y la dignidad de los pueblos siempre tiene sus costos, sobre todo si toca intereses de los poderosos.

Nuestro país, precisamente por defender el derecho soberano de administrar su petróleo, enfrenta en los actuales momentos un conflicto planteado por la empresa trasnacional Exxon-Mobil.

Antecedentes

La demanda arbitral que ha planteado dicha empresa en contra de nuestro país, particularmente contra Petróleos de Venezuela (Pdvsa), tiene su origen en la decisión de nuestro gobierno, en correspondencia con la Ley Orgánica de Hidrocarburos, de nacionalizar la participación que tenían las compañías extranjeras en los llamados "acuerdos de asociación estratégica" que estaban destinados a la explotación de los recursos energéticos de la Faja del Orinoco.

Bajo esta decisión soberana se dio así inicio al proceso de "migración", mediante el cual Pdvsa asume la participación mayoritaria en los acuerdos de asociación estratégica, con un período de negociación, prudente y considerado, entre las petroleras extranjeras y el gobierno nacional a los fines de determinar el nuevo mecanismo de participación de éstas en la explotación de los recursos de la Faja del Orinoco, así como las posibles indemnizaciones a que hubiera lugar. Todas las empresas migraron o llegaron a un acuerdo amistoso, a excepción de las empresas norteamericanas Exxon-Mobil y ConocoPhillips.

Situación actual

Ante esto, la empresa Exxon-Mobil interpuso una demanda ante el Centro Internacional para Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), consiguiendo, de manera velada y fuera del procedimiento arbitral sendas medidas cautelares en tribunales nacionales de los Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos, siendo afectados temporalmente, activos y el capital financiero de Pdvsa en dichos países.

Este comportamiento de la referida empresa de llevar una diferencia generada por esta decisión de nuestro país, ante un tribunal extranjero, evidencia un uso mal intencionado de los recursos judiciales de países amigos para perjudicar los intereses nacionales de Venezuela y constituye además un desconocimiento de los principios del derecho internacional público, universalmente aceptados, sobre la soberanía de los Estados en la administración de sus recursos naturales.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya desde el año de 1952 ha vislumbrado como fundamento esencial para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la necesidad de que existiera un progreso social y un desarrollo económico equilibrado entre los países de la comunidad internacional.

'De allí que en distintas resoluciones y declaraciones, ha aprobado y reiterado el principio de la independencia de los Estados sobre la administración soberana de sus recursos naturales y energéticos, el establecimiento de un nuevo orden económico internacional y la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, en los cuales se ha establecido el derecho de los pueblos y de las naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales y siempre en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respectivo Estado.

Pero ante esto, nuestra empresa petrolera y gobierno han emprendido una nueva batalla, en la cual no se acepta chantaje alguno, se denuncia la violación de las normas internacionales y se argumentan las razones y justeza de una decisión soberana de un Estado de administrar sus recursos energéticos.