Cuando el viernes a media tarde, el juez Juan Guzmán Tapia decretó el procesamiento provisorio de Pinochet por co-autoría intelectual de secuestro calificado y homicidio, nadie, ni en Chile ni fuera de él, lo esperaba.
Se daba otro paso hacia la justicia, en un camino que se avanzó en medio del hostigamiento de las derechas y, también, de las vacilaciones de los representantes del "pragmatismo político".
¿Dónde quedan las advertencias de los voceros del "realismo", los cultores del "no hagan olas" en materia de justicia y derechos humanos?
Una vez más ha sido la tenacidad de los denunciantes y la entereza moral de un magistrado de excepción lo que ha hecho posible este inesperado giro contra la indiferencia y el olvido, esta decisión contra la impunidad.
Ya no faltan quienes minimizan el acontecimiento. Un editorialista del diario El País de Montevideo --es fácil imaginarlo idiotizado por el despecho--, sangra por la herida de sus viejos amores con los hombres fuertes.
Pero ya no puede casi nada, apenas restarle importancia: "no es la primera vez que Pinochet va preso".
Por supuesto que no. La otra fue en Londres. Y la noticia sacudió al mundo.
Preso en Chile, la sanción y la derrota del gran dictador es ahora más contundente que el 16 de octubre de 1998 cuando un oficial de Scotland Yard le comunicó su arresto.
Está siendo procesado con prisión el símbolo del poder autoritario en Chile y en la región, el impulsor del Plan Cóndor.
Por fin le llegó al turno en una fila donde ya hay alrededor de medio centenar de oficiales presos acusados de secuestros u homicidios durante la dictadura.
Es interesante constatar cómo algunos sectores de las derechas chilenas y de la oficialidad pinochetista está interpretando este procesamiento.
Según dicen, el juez Juan Guzmán Tapia no es justicia lo que busca sino que "intenta imponer una mancha a todo el período militar", busca "ganar en los estrados judiciales la batalla de la memoria histórica".
En realidad, el magistrado actuó con un gran coraje y un destacable empecinamiento.
Cuando parecía que se terminarían imponiendo las fórmulas sanguinettistas de la dilución y el olvido, Guzmán Tapia recorrió las zonas del desierto donde han ido apareciendo, dispersos y triturados, restos de ciudadanos chilenos desaparecidos.
Una crónica detallada publicada ayer en Clarín da cuenta de que en estas investigaciones --que en forma reservada y personalmente realizó-- Guzmán Tapia encontró los restos de un cuerpo. Sólo restaba un fémur.
Allí, en el desierto, Guzmán Tapia comprobó que ese cuerpo, como muchos otros de las víctimas de la Caravana de la Muerte, había sido triturado.
Encontró las huellas de la máquina que lo hacía. Y llegó a la conclusión de que "un grupo especializado trababa la investigación judicial que él emprendía".
Y decidió no aflojar. No ceder a la poderosa máquina trituradora de los defensores de la impunidad.
El fundamento doctrinario del magistrado chileno es conocido: la desaparición es un delito permanente. Se reproduce cada día, mientras la víctima no aparece.
Entre las múltiples repercusiones de la detención domiciliaria de Pinochet se desataca la del presidente Ricardo Lagos y otros funcionarios del gobierno chileno.
Para Lagos, la decisión fortalece la democracia. Y es así. Sólo existiendo, como lo ha probado Guzmán Tapia, igualdad de todos los ciudadanos ante la ley se puede decir que hay democracia.
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