El primer día de clases en escuelas públicas de Montevideo se transformó en el primer día de paro docente. Varios son los puntos que integran la plataforma reivindicativa del gremio de maestros; y muchos de ellos son perfectamente compartibles pues resultan de estricta justicia.
No obstante, el paro docente verificado el primer día de clase concitó una considerable mayoría de opiniones contrarias a la medida. Ha habido incluso quienes reprochan a los maestros la adopción de medidas de lucha que no tomaron cuando gobernaban blancos o colorados; tal afirmación no es exacta por cuanto la historia del gremio magisterial registra por lo menos desde hace cuarenta años infinidad de paros y huelgas en reclamo de legítimas aspiraciones o en contra del autoritarismo de las autoridades educativas del momento.
Ahora bien, con ser de innegable justicia los reclamos de los educadores, algunos contienen una innegable imposibilidad; nos referimos concretamente a la exigencia de un sueldo mínimo equivalente a la mitad de una canasta familiar básica: a poco que se piense un poco, ello significaría un incremento de cien por ciento del sueldo actual de un docente.
Y si bien sería lo más justo que nadie (ni los docentes, ni los policías, ni los funcionarios judiciales, ni los de Salud Pública, por no citar sino los sectores más sumergidos de la administración pública), que nadie repetimos en Uruguay ganara menos de 16 mil pesos por mes, no parece lo más sensato reclamarlo como una exigencia, teniendo en cuenta que el gobierno progresista y popular actual viene haciendo enormes esfuerzos para mejorar los ingresos de todos los asalariados y que en particular los maestros han visto incrementado su sueldo en un porcentaje nada despreciable desde que asumieron las autoridades actuales. A nadie escapa el colapso financiero que provocaría un aumento de ese calibre.
Quizás el reclamo más atendible es el que refiere a las carencias locativas de la enseñanza pública y a la falta de infraestructura didáctica o de servicio. Este es un asunto que puede debatirse y analizarse conjuntamente con las autoridades del Codicen de manera tal que pueda llegarse a un acuerdo en el que las dos partes autoridades y funcionarios comprendan el punto de vista del otro y entre ambos llegar a soluciones razonables. La ANEP ha exhibido una incuestionable voluntad de diálogo, por lo que la consigna coreada por los docentes en conflicto acusando a Florit de traidor resulta particularmente injusta.
Pero más allá de todo esto, independientemente del conflicto y sus razones, aflora un asunto de fondo aún sin resolver. Estamos hablando de la reforma educativa, tan necesaria, tan anunciada y tan postergada. El gobierno, a través del MEC, convocó y organizó un debate sobre tan espinoso tema, pero los resultados de ese intercambio de ideas no se han visto o están aún por ser procesados.
Corresponde ahora a las autoridades de la educación, actuando con especialistas en temas educativos (docentes y técnicos), recoger las mejores ideas volcadas en el debate y plasmarlas en la reforma. Entendemos que la participación ciudadana en el debate ya tuvo lugar; los uruguayos (docentes y no docentes) participaron, se expresaron y aportaron ideas, sugerencias e iniciativas, por lo que la nueva Ley de Educación que consagrará la reforma debe ser elaborada por las autoridades legítimas.
Del mismo modo que la elaboración de la ley de reforma tributaria quedó en manos del equipo económico, que oyó a los empresarios y a los asalariados, pero fue el MEF el encargado de redactarla y darle forma, la ley de reforma educativa debe ser redactada por los especialistas en la materia.
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