Hora de definiciones para Chile

No hemos oído hasta ahora las voces de "apoyo a la democracia" que hacen a la rutina de algunos de osos amaestrados de la elite dirigente vernácula.

Está faltando, por ejemplo, la expresión comprometida de Julio María Sanguinetti, que hace apenas unos meses, cuando el asunto del tirano parecía diluirse entre los plazos y los exámenes médicos, celebraba la despinochetización armoniosa que se estaba llevando a cabo en Chile.

Estará esperando el desenlace.

Con las cartas vistas, nuestro ex presidente demostrará que el que ganó en la pulseada tenía razón.

No, no viene de diluirse la impunidad de Pinochet en Chile.

Y los socios, amigos y aliados de Pinochet están bien poco dispuestos a aceptar el orden jurídico e institucional del país cuando sus resoluciones los perjudican.

Las acciones se iniciaron el mismo viernes en que el juez Juan Guzmán Tapia decidió el procesamiento de Pinochet y su arresto domiciliario.

Ese día fue presentado un recurso de amparo destinado a anular la decisión "por vicios procesales" y pidiendo que sea la Suprema Corte la que juzgue a Pinochet y no el juez Guzmán Tapia.

En ausencia del presidente Ricardo Lagos, en visita a México, los jerarcas militares presionaron intensamente sobre el vicepresidente José Miguel Insulza para que convocara al Consejo de Seguridad Nacional, una herencia de la dictadura integrado por los jefes militares y de la Policía (cuatro), el presidente de la República, el presidente del Senado y el Contralor General de la República.

Insulza se mantuvo firme sosteniendo que desde el Poder Ejecutivo no se podía interferir con las decisiones del Poder Judicial.

El acoso se ha mantenido y se espera que en las próximas horas el presidente Lagos se reúna con los jefes de las Fuerzas Armadas que buscan presionar en defensa del general Pinochet.

La presión militar se ha expresado también en el envío de efectivos militares de unos escuadrones de elite que se han instalado en las inmediaciones del domicilio del ex tirano, para disuadir a las autoridades policiales de cumplir con las disposiciones legales de notificación y fichaje ordenadas por el magistrado.

Por su parte, algunos sectores de la derecha política han asumido una previsible actitud de violencia verbal. Se habla de la convocatoria de una manifestación pública en repudio a las decisiones judiciales, e incluso de intentos de acusar al propio magistrado por supuestas irregularidades en el desarrollo del proceso.

Mientras tanto se conocieron en Chile algunos detalles aleccionadores acerca de cómo se fue conformando el expediente y ordenando los antecedentes que culminaron con el procesamiento de Pinochet.

Se destaca el aporte realizado por Patricia Verdugo, una periodista de investigación que acaba de ganar importantes lauros literarios en Chile y en los Estados Unidos por su libro "Los zarpazos del Puma".

De la minuciosa investigación realizada por Patricia Verdugo surge, también fue así para el magistrado, la constatación de la responsabilidad inequívoca de Pinochet en los crímenes de la Caravana de la Muerte.

Según surge de la investigación, los secuestros y asesinatos de la Caravana se perpetraron "cuando el país se hallaba en calma", después del golpe de setiembre de 1973 y constituyeron en cierto sentido el "acta fundacional de la dictadura".

Crímenes con el país en calma, la situación recuerda muy claramente a la de Uruguay.

Se podría agregar, para escarnio de nuestra singular "transición", la nómina de los que murieron por torturas no ya cuando el país estaba en calma sino después del plebiscito del 80, tan celebrado en estos días como el primer paso hacia la democracia: Hugo Dermitt Barbato y Vladimir Roslik.

Y los muertos por deficiente o inexistente atención médica, como Gerardo Cuesta, Angel Yoldi y Adolfo Wassen Alaniz, para nombrar sólo algunos de los casos más flagrantes.

En fin, una vez más Chile libra su batalla.

Y una vez más, junto con la verdad y la justicia, está en juego la democracia.