La independencia del sistema judicial

En la última sesión del Senado de la República, el senador Gustavo Penadés empleó el tiempo que corresponde a cada parlamentario en la hora previa para referirse a un asunto delicado: la demora de la Suprema Corte de Justicia en expedirse sobre los primeros recursos de inconstitucionalidad presentados por encumbrados dirigentes de la oposición contra la aplicación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a las pasividades.

Como se recordará, no bien entró en vigencia la ley que consagró la reforma tributaria, varios bufetes de abogados se dedicaron febrilmente a gestionar recursos de inconstitucionalidad contra las disposiciones contenidas en la norma referidas al tema.

Al cabo de un tiempo, se conoció el dictamen del fiscal de Corte, doctor Rafael Ubiría, favorable a los recursos presentados y contrario a la constitucionalidad de que se graven jubilaciones y pensiones. Al hacerse pública la opinión del magistrado, el ministro de Economía Danilo Astori salió al cruce cuestionando severamente la postura del fiscal. Escribimos entonces:

"El primero en reaccionar fue el titular del MEF y padre de la Reforma Tributaria, contador Danilo Astori. Sostuvo el ministro que el dictamen del fiscal de Corte abordaba más que aspectos jurídicos cuestiones de política tributaria, y no ocultó su desagrado por las conclusiones a que llegaba el alto funcionario.

Ante las manifestaciones de Astori, surgieron desde la oposición política ásperas voces llenas de indignación. Clamaban por la independencia del sistema judicial considerando que los dichos del ministro constituían una presión indebida sobre la Suprema Corte de Justicia.

Poco después, se hizo público un informe del doctor Leonardo Costa, en el que refuta uno a uno los argumentos del doctor Ubiría, desde su condición de abogado experto en derecho tributario. Como es de todos conocido, el hecho provocó la inmediata reacción de los sectores más retrógrados del Partido Colorado.

Resultaba intolerable que un miembro de dicha colectividad se apartara de la línea partidaria y diera tan valiosos y sólidos argumentos a favor de la constitucionalidad del impuesto".

Pues bien, hoy quienes están en contra del IRPF a las pasividades vuelven al ataque. Y del mismo modo que otros criticaron el dictamen fiscal, éstos cuestionan la demora del máximo órgano jurisdiccional en emitir un pronunciamiento al respecto y, lo que es más grave, sugieren que la demora se debe a motivos espurios o a una triquiñuela a la espera de que la nueva e inminente integración de la SCJ modifique la correlación de voluntades existente hasta ahora, que arroja una mayoría favorable, según ha trascendido, a hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad.

Creemos que se está pecando de una temeraria suspicacia al insinuar que los ministros de la Corte se prestan a jugarretas políticas. Tal postura resulta particularmente ofensiva para todos los magistrados judiciales (jueces y fiscales) pues implica una subvaloración de su capacidad intelectual, de su solvencia profesional, de su independencia de criterio y de sus convicciones éticas.

En nuestro país, felizmente, los jueces han demostrado --salvo contadísimas y deshonrosas excepciones-- un coraje y una dignidad a toda prueba.

Los magistrados pueden equivocarse como cualquier cristiano. Y los ciudadanos --todos los ciudadanos, incluidos los gobernantes-- tienen el derecho de expresarse y de criticar las resoluciones judiciales, las vistas fiscales y los fallos de los jueces; y también pueden equivocarse, desde luego. Pero lo principal es mantener la confianza en nuestro sistema judicial.