Un pronunciamiento que debe ser escuchado

El paro general realizado ayer en todo el país, las manifestaciones obreras y estudiantiles del día martes y el acto del PIT-CNT celebrado frente a la explanada del Palacio Legislativo, son pronunciamientos que van más allá de lo estrechamente laboral.

Son pronunciamientos cívicos, de un contingente numéricamente considerable de la ciudadanía y de sectores activos y organizados de nuestra sociedad.

Es tradicional, en las nuevas democracias contemporáneas, la admisión de las fuerzas sociales como interlocutores reconocidos y respetados en el desarrollo de la vida institucional.

La democracia lo es tanto más cuanta mayor capacidad tiene de absorber el conflicto social, cuantas más instancias de diálogo y negociación plantea para dar cabida a las demandas y exigencias de los representantes del mundo del trabajo.

Lamentablemente no ha sido ese --hasta ahora-- el tratamiento que han tenido las cuestiones laborales y las demandas de diálogo promovidas por las organizaciones sociales.

El propio tratamiento parlamentario de un conjunto de leyes de gran importancia para las estrategias económicas nacionales no ha favorecido, en modo alguno, que las organizaciones que componen el entretejido social sean informadas y oídas en momentos en que se va a legislar sobre temas de su incumbencia.

La discusión presupuestal tiene plazos, amén de otras disposiciones constitucionales tendentes a limitar las posibilidades de participación ciudadana: sus artículos no pueden ser objeto de sustanciación del recurso del referéndum.

Tramitada a "marcha-camión", la principal ley económica del quinquenio deja pocos márgenes tanto a la oposición política de las fuerzas progresistas como a las organizaciones de la sociedad civil.

Obsérvese, además, la propensión de algunos dirigentes sobre todo foristas, con apoyo de la prensa, con respaldo en los grupos financieros poderosos, a endilgar a las movilizaciones cívicas por un referéndum sobre artículos de la Ley de Urgencia el sambenito de constituir factores de cuestionamiento de la seguridad jurídica del país.

Desde el Poder Ejecutivo y las mayorías legislativas que lo respaldan se va erosionando el papel del Parlamento, como sede de una representación nacional.

Al mismo tiempo, el estilo de acometer grandes áreas legislativas en proyectos heterogéneos y de trámite vertiginoso, tenderá inevitablemente a dejar un sabor amargo en la boca de todos los sectores que sientan legítimamente, en el acierto o en el error, que sus intereses económicos o sociales están siendo lesionados.

El sindicalismo uruguayo atraviesa un momento de debilidad, como el de muchos países afectados por altas tasas de desempleo y precarización del trabajo.

Pero sería un error del economicismo sociológico pensar que las organizaciones obreras y el sindicalismo han perdido toda gravitación en la vida del país.

Aunque se pierde el empleo, las cosas que se aprendieron en una fábrica no se olvidan de un día para otro.

La condición obrera va más allá de una manera de insertarse en el aparato productivo.

Fuera de la fábrica, el trabajador acostumbrado a luchar por sus derechos, propenderá a otras formas de organización y de formulación de demandas. Cambiará el perfil de su proyección social, pero no se quedará quieto.

Quien observe sin prejuicios la manifestación del día martes 5 compartirá con nosotros esta reflexión: una parte significativa de la movilización estuvo protagonizada por trabajadores organizados desde sus propias cooperativas de vivienda.

Y de esta manera también se está participando de las luchas y las esperanzas del mundo del trabajo.

La conducción política del país tiene que aguzar los oídos ante estas expresiones pacíficas de protesta ordenada, organizada, serena, tras postulados claros.

Discutibles pero coherentes, las demandas del movimiento social no merecen el destino sanguinettista del silencio o el archivo.