El Senado y la crisis universitaria

En las próximas horas del fin de semana el Senado de la República concluirá el proceso de votación del Presupuesto Nacional de Gastos y Recursos para el próximo quinquenio.

Ya en los años 60, el proceso de sanción parlamentaria de los presupuestos era una actividad legislativa complicada que absorbía muchas horas de trabajo y mucha energía y lucidez para quienes los preparaban en las oficinas del gobierno central y para quienes les daban fuerza de ley en el Parlamento.

A la vuelta de la democracia, los presupuestos reaparecieron bajo formas aun más complicadas, con una tendencia creciente a la incorporación de asuntos cuya naturaleza no tiene absolutamente nada que ver con lo presupuestal.

Todos estos rasgos negativos se han acentuado, al decir de los propios legisladores oficialistas, en la presente edición de las bacanales presupuestales del jubileo.

No sin una desaprensión que sorprende, algunos operadores legislativos del statu quo han realizado comentarios públicos acerca de la cantidad de errores técnicos que la gran ley contiene y que será, reconocen, motivo de la intervención de abogados y de la Justicia para enmendar sus entuertos, equivocaciones y desatinos.

Tales errores "técnicos" e insuficiencias en el proceso de tramitación son graves y representativos de un estilo de trabajo que, como se ha dicho acertadamente, tiende a hundir en el desprestigio a la institución parlamentaria.

De todos modos hay otros yerros que no son el fruto de las "chambonadas" sino el resultado de la aplicación de algunas concepciones políticas y de algunos reflejos excluyentes y sectarios.

Se podría mencionar, en este rubro, el virtual desconocimiento de las demandas del Poder Judicial, con todo lo que esto implica desde el punto de vista del asentamiento institucional del país y de las garantías del respeto por los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos.

Otro capítulo especialmente vesicante lo constituye la asignación de las partidas correspondientes a la educación y especialmente a la Universidad.

La cuestión tiene, además de su aspecto estrictamente parlamentario, unas importantes connotaciones políticas.

Efectivamente, en octubre de 1999, en las instancias previas a la segunda ronda del balotaje, el Partido Nacional y el Partido Colorado asumieron en conjunto un compromiso con la ciudadanía que, entre otros puntos, incluía la asignación del 4.5% del Producto Bruto Interno a los gastos en educación.

Según cifras manejadas por el profesor Mario Wschebor, de la Facultad de Ciencias, en una entrevista realizada por el programa En Perspectiva, en la actualidad, Uruguay invierte apenas el 2.8 por ciento de su PBI en educación pública.

Nuestro país está muy por debajo de lo que invierten países como Brasil y Chile.

El 4.5% que se ha venido reivindicando es el resultado del cálculo del promedio de la inversión educativa en América Latina en 1995.

De ahí surge la afirmación del profesor Wschebor que con la propuesta realizada por la Universidad se pretendía quedar "sólo diez años atrás" con relación a los demás países pobres de nuestra región.

Después de describir con claridad el proceso de desmantelamiento científico y técnico que sufre el país, en función de las políticas de "absorción" de "cerebros" que practican los países más desarrollados del mundo --como Alemania y los EEUU-- el académico advirtió acerca de que, de acuerdo a lo que se puede interpretar de lo aprobado en la Comisión del Senado, a partir del 2001 se produciría una virtual "congelación" de las partidas destinadas a la Universidad.

Es decir, cuatro años de estancamiento en los recursos asignados a la enseñanza superior y a la investigación científica y tecnológica.

Las consecuencias a mediano plazo de las decisiones de la coalición de gobierno serán tremendamente nocivas para el funcionamiento de la Universidad y para el desarrollo del país.

¿Hay explicaciones para tanta ceguera?

Quizá algún impertinente piense que, estando como está, fuera de la politiquería y la repartija nacional, la Universidad es "castigada" por el espíritu de exclusión sectaria de la burocracia conservadora que gobierna al país.