El Poder Judicial debe ser preservado

La cúspide del Poder Judicial debe resolver miles de recursos de inconstitucionalidad, interpuestos contra el Impuesto a la Renta Personal aplicado a las jubilaciones.

No es bueno lo que está sucediendo con la Suprema Corte de Justicia. Ha quedado en medio, justo cuando comienza el tiempo preelectoral y el gobierno prepara por si y ante si, la última ley de rendición de cuentas donde puede aumentar los gastos y los sueldos. Pero el Poder Judicial debe ser preservado más allá de toda circunstancia. No hay mucho más allá de él, y no es seguro el territorio fuera de la justicia para dirimir en paz y con garantías, los conflictos personales e institucionales generados por la convivencia social imprescindible.

En un estado de derecho, el desborde del poder administrador y los embates de la injusticia en lo cotidiano, sólo pueden resolverse al amparo de la fuerza irresistible de la ley, aplicada por jueces independientes, profesionales del derecho y de dedicación exclusiva durante toda una vida, como afortunadamente tenemos en Uruguay. Creo firmemente en el honor del Poder Judicial uruguayo y sus magistrados. Desde ya que no hay infalibilidad y que el sistema en todas partes ha debido superar fallos con fallas. Aun los errores del sistema, confirman en su aislada excepción, la regla general de lo que sentimos justo. Una justicia independiente es lo mejor que la civilización ha construido para salir de la barbarie, de la injusticia, de la justicia por mano propia o del injusto poder de la prepotencia, la arbitrariedad y la indefensión.

El impuesto a la renta ­como era previsible­ terminó siendo un impuesto a los sueldos y a las jubilaciones, porque los verdaderos rentistas, se fueron lejos del espacio tributario nacional. Que este impuesto ha sido un error grave del gobierno es un secreto a voces. Lo dijimos antes, y lo seguiremos diciendo cuando el próximo gobierno lo derogue totalmente. No es sólo un tema de franjas o montos a pagar, es un tema de fondo. Quita demasiado al que produce o produjo con su esfuerzo y da muy poco a los supuestos beneficiarios, salvo aquellos que lo percibieron sin querer trabajar, engañando al sistema. Lo penoso es que se persista en el error. Que es inconstitucional ya lo informó el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. Un magistrado de primera importancia, que el Poder Ejecutivo debe siempre tener en cuenta, que fue recientemente investido con venia parlamentaria a propuesta del Poder ejecutivo.

Los resultados posibles son complejos: Si se establece ­con el Fiscal de Corte­ la inconstitucionalidad del IRPF, entonces el Poder Ejecutivo, si no deroga el impuesto, estará definitivamente afectado. Si la Corte al cambiar su integración, cambiara de opinión, habrían entonces dos categorías de jubilados gravados por el IRPF entre los que recurrieron ante la Corte: Unos no deberán pagar más el impuesto y se les deberá devolver lo cobrado. Habrá además una tercera categoría de jubilados: los que confiaron y no recurrieron y los que aun sin confiar, no pudieron recurrir.

Ambos, si no se deroga el impuesto, quedarán atrapados en el corral jurídico de un impuesto que para el fiscal de corte es inconstitucional y para la corte según la integración quizás también lo sea, según la fecha en que dictó sentencia. El gobierno tiene en sus manos resolver este delicado asunto. Intentó un nuevo sistema tributario que la gente resiste y que sabe le ha restado apoyo incluso entre sus más fieles votantes, al considerar renta su salario. No se ve entonces para que persistir en el error. Es de inteligencia desandar lo andado cuando el camino es incorrecto, pero cuando se es gobierno y se tiene esta mayoría absoluta de hoy, rectificar el rumbo deviene obligatorio, sobre todo cuando se está en medio de una bonanza fiscal sin precedentes. Pero lo del principio es dogma: el Poder Judicial debe ser preservado más allá de toda circunstancia.