Cuando la incómoda realidad social golpea a nuestra puerta

Como los lectores recordarán --puesto que se ha informado de ello en reiteradas ocasiones--, en el viejo barrio montevideano de La Unión, concretamente en la esquina de las calles Pernas y Fray Bentos, se ha constituido un asentamiento irregular en terrenos propiedad del Iname. Por si alguien no lo había notado, recordemos que con ese nombre de asentamiento irregular pretende darse una denominación más aséptica y eufemística a lo que hemos llamado siempre cantegriles.

Ello ha motivado la explicable alarma de los vecinos, que ven en cierta forma alterado su diario vivir. Gestiones ante organismos estatales y municipales y denuncias públicas en la prensa son parte de la movilización encarada por un grupo de vecinos que considera que la proximidad del asentamiento atenta contra su calidad de vida.

Las quejas se refieren a varios tópicos: los habitantes del asentamiento no son 'gente de trabajo' sino delincuentes; hay prostitución infantil; las aguas servidas van a la calle; se ha formado un basural como consecuencia de la tarea de los carritos de hurgadores.

Todos estos hechos no son nuevos --por desgracia-- en la sociedad uruguaya. Todos sabemos que siempre existieron 'cantegriles' y que quienes los habitan llevan una vida material y moral miserable, en el infraconsumo y en condiciones sanitarias indecorosas. Pero lo que esta situación concreta de las calles Pernas y Fray Bentos trae como hecho nuevo es que la condición miserable de muchos compatriotas ha dejado de ser algo de cuya existencia se sabía pero no se veía. No era una realidad palpable con la que había que convivir, y resulta que ahora está ante los ojos (y los oídos y las narices) de todos.

El asentamiento irregular instalado en un barrio no marginal viene a operar como un incómodo llamado a la realidad para hacernos tomar conciencia de que el próspero país, que creció pujante hasta mediados de siglo, ha sufrido un descalabro del que no se recupera.

Y lo trágico de la situación reside en que los vecinos no excluidos no aspiran a otra cosa más que a volver al apacible transcurrir de sus vidas. Aspiración más que legítima, por cierto, pero que implica exigir que se lleve a cabo el desalojo para los habitantes del cantegril. Por desgracia, es la misma tesitura de quienes reclaman que no se permita la circulación de vehículos de tracción a sangre porque ensucian las calles y afean la imagen de la ciudad.

Claro, es comprensible: a nadie le gusta que se le recuerde que existen uruguayos --cuyo número crece dramáticamente-- que viven en condiciones infrahumanas.

Ahora bien. Así como los vecinos no excluidos tienen el derecho de vivir en paz, con tranquilidad, sin temor y en las mejores condiciones posibles, los otros uruguayos --los marginados por un sistema injusto e inmoral-- no merecen vivir (o mejor dicho malvivir) en las condiciones en que se ven obligados a hacerlo. Y no es expulsándolos hacia otras zonas alejadas que se resolverá el problema, de la misma manera que ningún problema deja de existir porque cerremos los ojos.

Es menester hallar soluciones habitacionales dignas para todos esos compatriotas que viven en asentamientos. En eso estamos todos de acuerdo. Pero con eso no alcanza: deben encararse medidas económicas adecuadas que propendan a la recuperación de un correcto nivel salarial y de puestos de trabajo. Y, paralelamente, diseñar políticas sociales, educacionales y culturales que les permitan recuperar la dignidad de seres humanos que el sistema les arrebató.