Una ley sembradora de discordias

Finalmente el Senado terminó con la aprobación de los casi 600 artículos del Presupuesto Nacional.

No es necesario insistir en la importancia de las normas aprobadas: la inversión pública, los impuestos, los salarios de cientos de miles de funcionarios públicos, las privatizaciones y desmonopolizaciones encaradas y resueltas, contienen decisiones fundamentales para una estrategia de desarrollo económico.

Lamentablemente, las normas contenidas en esta ley para los próximos cinco años parecen ser más estrategias para el subdesarrollo que lo que el país necesita.

Desde varias fuentes se ha insistido en el carácter caótico de la ley de Presupuesto, de la forma cómo fue enviada por el Poder Ejecutivo, de los errores iniciales que contenía.

A esto se sumaron los propios errores cometidos por los legisladores oficialistas, agobiados bajo la tensión de sus opiniones, intereses y demandas y las exigencias del pacto político blanqui-colorado que asegura la gobernabilidad.

Desde el punto de vista político y parlamentario, la imposición de una férrea disciplina de los legisladores de ambos partidos de gobierno constituía un "handicap" poderoso para un tratamiento más o menos responsable de la Ley Presupuestal.

Esto habría aconsejado al Poder Ejecutivo limitar los asuntos -y los artículos y los aditivos que todo eso supone- ajustándose estrictamente a los puntos de neto carácter presupuestal.

Lejos de ser así, en los casi 600 artículos aprobados a la carrera en el Senado, se incluyen una cantidad de materias ajenas a lo que la Constitución indica como de índole presupuestal.

Normas, por ejemplo que refieren a la obligatoriedad de sacar la Cédula de Identidad a los cuarenta y cinco días del nacimiento.

Otras referidas a los registros de hoteles.

Otras --increíblemente-- de naturaleza penal, como el castigo por porte de armas a los condenados por delitos graves.

De otro orden son los problemas a que darán lugar las normas que encuentran una sólida oposición, dentro y fuera del Parlamento, como la desmonopolización estatal de la venta e importación de asfaltos y derivados.

Más graves aun son las referidas a la habilitación de la venta de hasta el 40% de las acciones de Ancel.

Esta medida, que aparece claramente como una suerte de "revancha" tardía y descomedida al pronunciamiento popular contra la Ley de empresas públicas de diciembre de 1992, ha sido fundada y vehementemente criticada por los legisladores progresistas y por la organización sindical de los trabajadores telefónicos.

La arbitraria inclusión de esta norma en el Presupuesto instala, desde ahora, una zona de conflictos a varias puntas.

Se ha anunciado, desde el campo político, la intención de habilitar el camino previsto por la Constitución para someter el asunto a la decisión democrática de la ciudadanía a través de un referéndum.

Ante esto, los voceros de la coalición han expresado su convicción de que, en tanto ha sido aprobado en el marco de la Ley de Presupuesto, no existe la posibilidad constitucional de impugnación por esa vía.

Resulta por demás evidente que asignarle a un tema de la naturaleza del cambio de la Ley Orgánica de Antel y la habilitación para privatizar una parte de las acciones, no es de carácter presupuestal.

Por un mínimo de apega a las normas claras (artículos 214 a 216) de la Constitución, que define la materia presupuestal, no parece razonable obstinarse en esta tesitura.

Por lo demás, no revela mucho tino ni espíritu democrático intentar avanzar, contra viento y marea, cuando fuerzas políticas --el Frente Amplio-Encuentro Progresista-- y sindicales, se oponen tajantemente a la operación proyectada.