Una discusión que debe replantearse

No bien se produjo el retorno a la normalidad institucional, el espíritu civilista y el sentimiento antimilitarista de los que estábamos imbuidos promovieron una discusión que lamentablemente pronto quedó relegada o diferida para otra ocasión.

Si mal no recordamos, fue el doctor Tarigo --a la sazón flamante vicepresidente de la República-- quien tiró sobre la mesa el tema, nada menor por cierto, de la real necesidad que tenía un país con las características del Uruguay de contar con unas Fuerzas Armadas concebidas y estructuradas como lo estaban (y lo siguen estando) las nuestras. Se habló entonces de su remplazo por una suerte de Guardia Nacional al estilo costarricense, amén de otras sugerencias que no pasaron de eso.

En aquella época de fervor democrático y de legalidad recuperada luego de doce años de autoritarismo, el cuestionamiento a la institución castrense se sustentaba en el recuerdo penoso del papel que cumplieron los militares en el atropello a las instituciones.

Años más tarde --hace de esto unos meses-- la salida de tono del cantautor José Carbajal nos hizo reflexionar sobre la percepción que la sociedad tiene de sus soldados. Más allá de insultos y retractaciones, El Sabalero trajo al tapete otro tema de relevancia: el de la formación impartida en los institutos de enseñanza castrense. Dijimos entonces en un editorial que esa formación se alejaba muchas veces de los valores democráticos y civilistas consagrados en la Carta Magna e internalizados por el colectivo social, y que era menester una revisión profunda de los programas y de su enfoque. Sin que ello implique suscribir el insulto ni menos la generalización, El Sabalero había expresado lo que piensa una considerable mayoría de la población.

En realidad, la política de Estado referida a la Defensa Nacional merece un análisis serio y reflexivo que abarque todos los aspectos del asunto.

La ocasión parece haber llegado al debatirse la Ley de Presupuesto actualmente a estudio del Parlamento. La confrontación de las partidas asignadas al Ministerio de Defensa y las que recibirán el de Educación y Cultura y la Universidad no admite duda en cuanto a la escandalosa injusticia que el hecho conlleva y que lo convierte en un insulto a la sociedad toda. Mientras se retacea inescrupulosamente el presupuesto para la educación (y para la Salud Pública y para el Poder Judicial), los recortes al presupuesto del Ministerio de Defensa --por más que hagan protestar a algunos oficiales-- son mínimos comparados con los que sufren las otras reparticiones estatales. Piénsese simplemente en que el Presupuesto para el Ministerio de Defensa triplica el asignado a Salud Pública.

Se informó ayer que el Herrerismo se propone impulsar medidas tendientes a restringir el gasto en sueldos militares. En el contexto actual, toda propuesta que apunte a reducir gastos prescindibles debe ser bienvenida. De acuerdo con lo trascendido, la intención de ese sector nacionalista es reducir el número de cargos de la alta oficialidad, llevando de 15 a 14 la cantidad de generales y de 234 a 180 los cargos de coronel, entre otras medidas de las que se informa en detalle en nuestra edición de ayer.

Sin embargo, entendemos que esas medidas no son suficientes y que bueno sería volver a plantear la discusión sobre la conveniencia o inconveniencia de contar con unas Fuerzas Armadas que suponen gastos tan importantes para el erario y cuya real necesidad es por lo menos dudosa. Porque no se trata solamente de los sueldos sino de toda la infraestructura (apoyo logístico, armamentos) que supone la existencia de una fuerza de combate. ¿Podemos darnos el lujo (por no decir cometer la torpeza) de destinar tanto dinero para un organismo improductivo y que no cumple una tarea social de relevancia?

La respuesta debe ser hallada entre todos, con resposabilidad. La propuesta herrerista puede ser un buen comienzo para tratar tan espinoso asunto.