En los países desarrollados, las familias están acostumbradas a leer con atención los informes del administrador tributario. En Uruguay nos cuesta mucho porque además del modelo que adopta la emisión pública de información tributaria, el contribuyente no tiene educación ni códigos para entender qué es lo que sucede con la suma del aporte social y menos aún para intuir siquiera cuál es el uso que el Estado hace de los impuestos. De allí que la comunicación del Administrador tributario con el contribuyente es un problema de orden mayor.
El balance expuesto por la Dirección General Impositivo revela una intención de comunicación nueva, de atención al contribuyente mayor del tradicional en este tipo de comunicación pública tan importante. Sin embargo, da la impresión de que aún estamos muy lejos de entendernos. El informe de la recaudación de abril se sintetiza en que la recaudación de impuestos que cobra la DGI está creciendo a tasas anormalmente elevadas, ya sea que se repare en el crecimiento real anual descontado el efecto inflacionario y parte importante del efecto cambiario- del mes de abril (34.2%), o del cuatrimestre enero-abril (16.5%). Hay que trabajar un buen rato en la densidad de los datos para relativizar un poco esos números y tranquilizarnos confirmando que las estimaciones originales del MEF y la propia DGI están siendo confirmadas y que ese crecimiento tan brusco de la recaudación no tiene nada que ver por ahora al menos- con el nuevo sistema tributario.
La recaudación del primer cuatrimestre del año recoge y adelanta la continuidad de un crecimiento muy potente en el tercer trimestre aún luego de que se descuente la incorporación del IRPF --el IRP derogado no era recaudado por la DGI-- y luego de descontarse el aporte de las empresas públicas y del BROU especialmente. De paso, es interesante adelantar que, de mantenerse las correlaciones entre aumento del IVA corregido y el crecimiento del PIB, deberíamos estar nuevamente frente a una proyección de crecimientos del PIB del 7%-8% ... lo que no deja de ser una novedad de mucho impacto y trascendencia política. Pero, por ahora importa seguir en la línea de razonamiento en la cual debe explicarse mejor lo que está sucediendo con la tributación y la relación del contribuyente con el Estado a través de su aporte. El segundo factor que, además del crecimiento, está explicando esa notable recaudación sería la extensión a estos meses de 2008 de la eficiencia del recaudador, verificada en los indicadores disponibles de 2006 y el primer semestre de 2007. El tercer factor es el más importante porque en él pudiera hallarse uno de los primeros datos de una respuesta cultural del contribuyente: ese tercer factor explicativo sería la continuidad de la disminución de la evasión tributaria. Como se observa, la comprobación de estas hipótesis, con las cuales trabajan los equipos del MEF y la DGI, activaría una discusión más interesante que la que desata la publicación de un crecimiento muy abstracto para la comprensión ciudadana. Y el problema es, precisamente, que si esa última hipótesis de la causalidad del crecimiento de la recaudación se verifica, el contribuyente requiere ahora una atención más especial aún del administrador de impuestos y, sobre todo del Estado. El que disminuya la evasión nunca es la consecuencia de la amenaza, al menos en los términos de tendencia sostenida que estamos observando. Tampoco es imputable al crecimiento histórico en sí, dado que está demostrado que el ciudadano paga impuestos previendo contingencias futuras. Tampoco esa menor evasión es consecuencia de la eficiencia del administrador, la que se juzga en términos más complejos.
En tanto, lo peor que pudiera suceder es que esa mayor propensión de los contribuyentes a financiar al Estado no fuera objeto de reconocimiento y celebración pública. Esa celebración debe comenzar a ser reconocida en las comunicaciones de la DGI. El Estado y la política de la democracia no pueden financiarse de otra cosa que de la contribución voluntaria de los ciudadanos. Y cuando ella se insinúa hay que reconocerlo directa y explícitamente. Lo segundo que debe mejorar es la comunicación popular del balance fiscal; en qué se utilizan los recursos. De inmediato es preciso que las autoridades del Estado reconozcan en esa conducta como imperativo para mejorar la calidad de los servicios y su rendición de cuentas. Y aquí, enfrentados a una nueva instancia de rendición de cuentas de esta administración, es probable que volvamos a observar un nuevo debe del registro y la calificación de gestión de las unidades ejecutoras que, como se recuerda, es una promesa del mensaje presupuestal de 2005 que permanece incumplida.
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