Reclamos absurdos e intransigencia cerril

Siempre hemos expresado desde estas páginas nuestro punto de vista contrario a la definición de la política como el arte de lo posible. Creemos más bien, como Leandro Alem, que no es de recibo la idea de que en política se hace lo que se puede y no lo que se quiere, pues "hay una tercera fórmula que es la verdadera: en política como en todo, se hace lo que se debe, y cuando lo que se puede hacer es malo, ¡no se hace nada!", según palabras del líder radical argentino.

Creemos que el pacto del Club Naval fue una salida defectuosa al régimen de facto, y que allí está el germen de la oprobiosa Ley de Caducidad que aseguró la impunidad para los terroristas de Estado. Ambas "salidas" o "soluciones" no fueron salidas ni resolvieron nada, y ambas responden a la perniciosa tesis del posibilismo en política.

Queda claro, entonces, que el realismo y el pragmatismo son enemigos declarados de los ideales y de la utopía. No obstante, la intransigencia "ultrista" tampoco conduce a nada bueno pues implica una postura maniquea, caprichosa y cerril. Sobre todo cuando el gobierno actual ­que hace lo que debe dentro de lo que le permiten la Constitución y las leyes­ es un gobierno de signo progresista que ha dado un vuelco fundamental en casi todos los aspectos de la vida nacional.

Es por eso que condenamos la intransigencia absurda y desmedida de ciertos gremios de trabajadores públicos que toman una actitud de enfrentamiento con las autoridades como si éstas respondieran a los intereses del imperialismo. En esa línea de radicalismo demencial que no atiende razones y sigue embistiendo contra la razón y la lógica, se enmarca la última perla ideada por las mentes extraviadas: el "escrache" al canciller Gonzalo Fernández convocado por Plenaria Memoria y Justicia con motivo de la frustrada extradición del terrorista Tróccoli desde Italia. Por un error burocrático, descuido, omisión o lo que sea ­posibilidades que se están investigando en la órbita del ministerio de RREE­ el pedido de extradición fue presentado a la Justicia italiana fuera de plazo. Pero el grupo convocante al escrache no vacila en llamar a Gonzalo Fernández "el canciller de la impunidad", como si suya fuera la culpa de que la extradición se haya frustrado; o, peor aún, como si todo se debiera a una maniobra dilatoria para proteger al militar requerido.

La impunidad se ha resquebrajado bajo este gobierno. El doctor Juan Carlos Blanco ha vuelto a prisión procesado por otro delito; el motinero Bordaberry ha sido procesado; Gregorio Alvarez está detenido, junto a un puñado de los más representativos esbirros de la dictadura, figuras emblemáticas del horror; se están juntando firmas para anular la Ley de Caducidad.

No es todo, pero es muchísimo después de veinte años de impunidad y de silencio.

Es cierto que a pesar de las investigaciones y de las minuciosas excavaciones dispuestas, poco se ha avanzado en cuanto a ubicar los restos de los patriotas desaparecidos; informaciones erróneas, datos falsos, han conspirado contra el conocimiento de la verdad.

Ahora bien, ¿cómo hacer para romper la omertá, el pacto de silencio cómplice? En este caso, estamos ante una realidad en la que hay que manejarse con lo posible, esto es, proseguir en la búsqueda de la verdad por los medios de que dispone la Justicia o por los caminos de la investigación periodística como la que lleva a cabo nuestro compañero Roger Rodríguez.

Sería impensable pretender obtener datos por los mismos medios de que se valieron los represores bajo la dictadura, no sólo porque vivimos en un Estado de Derecho que expresamente proscribe tratos inhumanos o degradantes a los detenidos, sino porque una actitud así nos denigraría como seres humanos y nos envilecería.