Ayudada por el sensacionalismo de ciertos medios masivos y magnificada por la oposición política, siempre ávida de motivos para jaquear al gobierno y desprestigiarlo, la sensación de inseguridad hace carne en la población. A los clásicos delitos contra la propiedad (hurtos, arrebatos, rapiñas, etcétera) se suman ahora unos cuantos casos de violencia doméstica y de abuso sexual contra niños y adolescentes.
Estos hechos aberrantes y dolorosos no son de ahora ni del pasado reciente. Tampoco es de sostener que se hayan incrementado en los últimos años. Lo que muy probablemente ocurra es que la toma de estado público de un caso impulse a que se denuncien otros que de otro modo no se habrían conocido. En cierto sentido, podría verse esto como un dato positivo en la medida que refleja una actitud menos conservadora, menos individualista y menos pusilánime de los uruguayos.
Pero al mismo tiempo, la detención de violadores, abusadores y padres omisos, ha hecho emerger algunos de los bajos instintos del alma humana: la venganza, el linchamiento, la ley del Talión. Sentimientos primitivos, explicables por la indignación que causan esos actos sublevantes, pero a los que debemos hacer frente, rechazar y combatir de manera decidida para evitar que prospere la idea de hacer justicia por mano propia.
Mal que les pese a los políticos de derecha, la Policía viene mejorando su accionar de manera notoria. En un proceso lento pero sostenido, la eficiencia policial ha venido creciendo de manera incuestionable. Desde el ministerio del Interior se han dispuesto medidas acertadas, cambios eficaces que, junto al combate a la ya endémica corrupción, han permitido que los agentes del orden obtengan éxitos destacados en la lucha contra el delito en todas sus formas.
Los sucesivos golpes al contrabando y al narcotráfico son una prueba elocuente de lo que decimos. En efecto, no se tiene memoria de acciones tan bien preparadas y de resultados tan notables en la lucha contra esos flagelos. Ha mejorado pues, la tarea policial en todos sus aspectos: en la prevención, en la disuación y en la represión de los delitos.
Son datos de la realidad que la ministra Daisy Tourné hace bien en resaltar, pues parecería a estar a lo que repiten una y otra vez los dirigentes políticos conservadores que el país se hunde en la violencia y que sus habitantes están desamparados. Justamente, el precandidato colorado Pedro Bordaberry acaba de presentar un paquete de medidas para mejorar la seguridad de la población, medidas todas ellas de carácter represivo, entre las que cabe mencionar la rebaja de la edad de inimputabilidad a 16 años y el aumento de ciertas penas.
No podemos razonablemente negar una realidad en la que destaca la participación creciente de menores en delitos contra la propiedad y contra las personas. Tampoco podemos negar que el Estado debe castigar a los infractores con penas en proporción a la gravedad del delito cometido. No obstante, entendemos que las soluciones meramente represivas no operan el efecto deseado pues no atacan la raíz del problema. Está demostrado que el rigor punitivo de la ley penal no tiene efecto disuasorio para aquellos que cometen delitos contra la propiedad; y en el caso de los menores infractores, nada cambiaría que la responsabilidad penal comience a partir de los 16 años, pues para esos desdichados jóvenes víctimas de un modelo excluyente, la diferencia no es palpable.
Aplaudimos, pues, la gestión de la Policía, el incremento de su eficacia funcional en la prevención y la represión del delito. Pero seguimos insistiendo en la necesidad de proceder a una tarea que apunte más bien a desmantelar la usina generadora de delincuencia. Atacar las causas objetivas y subjetivas que llevan a los uruguayos a delinquir, en vez de centrar los esfuerzos en la represión.
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