La crisis golpea y el gobierno sigue impávido

La semana que ha transcurrido nos aportó nuevos elementos de juicio, nuevos datos de la realidad que no hacen más que corroborar la gravedad de la crisis, recesión o como quiera llamarse a la situación económica que vive el país con sus dramáticas consecuencias sociales.

Autoridades de gobierno y dirigentes de primer nivel de los partidos conservadores coaligados no han tenido otra alternativa que reconocer que la actual es una de las peores y más prolongadas crisis que ha sufrido nuestro país. No obstante, a estar a declaraciones y propósitos expresados por ministros y legisladores, nadie en el gobierno parece alarmarse ni buscar soluciones o paliativos.

A comienzos de la semana, el contador Alberto Bensión --tal vez atribulado por las contradicciones, marchas y contramarchas verificadas en el Presupuesto, en los mensajes complementarios y en las leyes de urgente consideración-- dejó que su pensamiento aflorara inconvenientemente a través de la palabra. Así pudimos enterarnos de que "si algún uruguayo no participa de la idea de trabajar y prosperar en este país, es libre de irse". Así de sencillo; realmente, una franqueza que se parece al cinismo más descarnado. Y una peligrosa óptica sobre el futuro de la nación.

En definitiva, tal aseveración del ministro de Economía desnuda no solamente la total insensibilidad del gobierno respecto de un drama cuya gravedad a nadie escapa, sino que exhibe la alarmante falta de respuestas gubernamentales ante la crisis. Sigue siendo más importante ceñirse al estricto cumplimiento de las recetas provenientes de los organismos de crédito internacionales que intentar hallar soluciones a los terribles problemas de la desocupación y de los bajos salarios.

Precisamente de estos temas se informó ayer, cuando el Instituto de Estadística dio a conocer las cifras correspondientes al trimestre agosto-octubre. El desempleo vuelve a incrementarse (se acerca al quince por ciento) mientras el ingreso promedio de los hogares exhibe una caída del diez por ciento (en Montevideo, un 12%), respecto de igual período del año pasado.

Como el gobierno no da respuestas --o se limita a repetir la vieja cantinela de la inversión extranjera que habrá de operar el milagro de generar puestos de trabajo para un futuro incierto--, los sacerdotes neoliberales vuelven a plantear la flexibilización laboral como panacea. En una nota editorial aparecida en El Observador de ayer se insiste --una vez más-- en que la culpa del desempleo está en la renuencia del gobierno a flexibilizar las relaciones laborales. "La rigidez laboral todavía sigue tan campante", se lamenta el editorialista y sostiene la necesidad imperiosa de bajar los "elevados costos laborales", así como implementar "contratos parciales o zafrales que eximan a las empresas de las pesadas cargas de un despido". Merced a la lucidez conceptual de estos iluminados ideólogos, podemos comprender que si no fuera por la voracidad insaciable de los asalariados, el país viviría en el mejor de los mundos posibles. Los costos sociales deben ser de exclusiva responsabilidad de los débiles, de los que no tienen otra mercadería que ofrecer que su fuerza de trabajo; los poderosos --dueños del capital y de los medios de producción-- son intocables, pues el sacrosanto afán de lucro es el motor de la reactivación económica; y todo aquello que pueda vulnerar o retacear sus ganancias es visto como atentatorio de la salud de la economía.