Abuso de poderes reglamentarios

Una fiebre reglamentarista se ha apoderado de la burocracia estatal y municipal. No es algo nuevo, sino una desgracia nacional que viene desde la época de Terra. No parece cambiar nada en un futuro inmediato. Las actuales víctimas son los transportes escolares, a quienes se les están exigiendo dispendiosos requisitos en sus vehículos que, por su naturaleza, están destinados a sectores de la población que no son precisamente afluentes.

Si bien no se han reportado accidentes en el tema de transportes de escolares en forma reciente, es natural la movilidad de los niños en los vehículos colectivos, lo cual ha motivado inquietudes en los reglamentadores municipales. La solución ha surgido en forma casi unánime: atar a todos los niños. Una solución que conforma a la Intendencia y a los transportistas, ya que es mucho más fácil trabajar con niños atados que sueltos, como es casi intuitivo.

Sin embargo existen amargas discusiones sobre si los cinturones de seguridad deben ser de tres o de dos puntas, y recientemente en una inspección municipal, se encontró que, de 40 vehículos, 38 estaban en infracción.

La solución es algo peligrosa en la medida que otros sectores de la educación están mirando con el rabillo del ojo la medida, y siempre pueden imitarlos.

Pero además que el cinturón de seguridad es un arma de doble filo, con la única excepción de los asientos delanteros de los automóviles (frente al parabrisas) y traseros de los taxis (frente a la mampara).

El cinturón de seguridad tiene fuertes detractores aún en el terreno exclusivo de la seguridad automotriz. La Comisión Nacional de Seguridad en el Transporte concluyó que los ómnibus equipados con cinturones de seguridad implican peligros a los niños. Por mantener la pelvis del niño firmemente en su lugar, los cinturones permiten que el torso se rompa como una vara con la cabeza del niño golpeando en el asiento trasero o algún objeto duro con mucho mayor fuerza que si el cuerpo íntegro del niño hubiera sido despedido.

El organismo expresa que, si el cinturón de dos puntos que ata sólo la cintura es claramente un problema, las combinaciones de cinturones con los hombros no mejoran sustancialmente la situación.

Pero hay otros argumentos: John Adams, un profesor emérito de geografía en el Colegio Universitario de Londres, comenzó a mirar los números de más de hace 25 años. Lo que encontró fue que, contrariamente a la sabiduría convencional, el uso obligatorio de cinturones de seguridad, en 18 localidades, no introdujo cambios en las tasas de accidentes mortales. No estamos hablando de los controversiales cinturones infantiles sino todos los cinturones, inclusive lo que enfrentan cristales parabrisas, y también cascos de motociclistas.

La explicación que da Adam, es la noción de la compensación de riesgos. Es decir que el conductor ajusta su conducta al riesgo presente de la situación que incluye las protecciones como cinturón de seguridad y air bag. En definitiva, estas garantías sólo sirven para aumentar la velocidad del tráfico. Los ahorros en seguridad se pierden en desafíos nuevos, los cuales además implican riesgos para otros actores del tránsito como peatones y otros conductores.

Existen además otros peligros, como los que representan cinturones de seguridad diseñados para adultos, para cuerpos infantiles que pesan menos de 40 kilos, y que proporcionan muchos más peligros que seguridad.

Está además el problema por resolver sobre qué se hace con los niños que viajan en ómnibus de transporte colectivo, si los atamos, también podríamos atar a los adultos que viajan en ese medio de transporte.

Es posible que el ideal burocrático, que se infiere de estos hechos es el de una sociedad inmóvil, (ya lo sabíamos), pero además de inmóvil, atada.

En este estado del razonamiento aparecen los verdaderos peligros de estas reglamentaciones. No se da participación a sociedades de consumidores, quienes deberían realmente estar a cargo de todos estos problemas, y quienes deberían actuar a través del proceso judicial público y participativo.

Pero hablar de estas cosas en el Uruguay del siglo XXI, parece ciencia ficción, y mientras tanto tendremos que conformarnos con una progresiva inundación de reglamentos, difíciles o imposibles de cumplir, como les está pasando a los conductores de los transportes escolares de Montevideo.