La reforma tributaria, el debate ideológico

Concluyendo apenas el primer mes de su mandato, el gobierno de «Coincidencia» del doctor Lacalle promulgó la primera de las leyes fundamentales de su propuesta política: la Ley de Ajuste Fiscal.

Por ella elevó la tasa del IVA del 21% al 22%, aumentó las aportaciones a la Seguridad Social y elevó hasta el 7,5% las tasas del IRP, engendro creado por el contador Valentín Arismendi en 1982, sin contemplación de mínimos no imponibles, sin partidas deducibles y sin consideraciones acerca de la composición del hogar del contribuyente.

¿Cuáles fueron las razones argumentadas para ello?

Al presentar la ley, el gobierno justificaba las razones de este «gran esfuerzo» reclamado al país: «Con este ajuste fiscal, empezamos a cambiar el rumbo del país. Con el equilibrio de las cuentas públicas habrá mayores oportunidades de empleo, mejores salarios y se podrá distribuir mejor lo que produzcamos». «Se podrá, asimismo, contrarrestar los efectos nocivos de la ‘herencia maldita’ derivada de la anterior administración», y que hace a «las consecuencias de la reforma constitucional aprobada en el plebiscito del año pasado, relativa al ajuste de las pasividades, que involucra un incremento sustancial del gasto y por tanto un relevante efecto de acrecentamiento del ya elevado déficit fiscal». Coincidiendo con la visión de la dictadura, el gobierno hizo recaer en la Seguridad Social – «agujero negro y polo de atracción de nuestra crisis» – la responsabilidad por la crisis del país y utilizó a los jubilados como justificativo del mazazo impositivo que descargó sobre los salario dependientes.

No faltó incluso algún «ideólogo» de aquel equipo que promoviera ir retrasando mes a mes los pagos de las jubilaciones, a efectos de que al final del año «sólo se pagaran once prestaciones en vez de las doce correspondientes». Al disponer por ley de la facultad exclusiva en la fijación del SMN – variable a la que estaban atadas las franjas del IRP – el gobierno del doctor Lacalle y el Partido Nacional comprimió el valor del indicador para que quienes tributaran en los límites superiores de cada franja, se vieran desplazados hacia la inmediata superior, pagando una tasa mayor de IRP. Sólo durante la gestión de ese gobierno, el SMN perdió un 66% de valor respecto del IPC, motivando que más de las dos terceras partes de los trabajadores asalariados del país finalizaran el período aportando en la franja inmediata superior del tributo.

Las previsiones de recaudación fueron totalmente desbordadas, alcanzándose una recaudación superior a los U$S 730 millones; la incidencia en el total de los recursos fiscales creció de 3,9% al 5,9%, con un pico de 8,3% en el año 1991.

Esta política expresamente perversa estrenada por el gobierno del doctor Lacalle fue la plataforma de lanzamiento del modelo de ajuste fiscal permanente que el país sufrió desde entonces, hasta la asunción del gobierno actual.

Fue así que el doctor Sanguinetti, para «afrontar el déficit fiscal» generado por el «carnaval electoral» del gobierno del doctor Lacalle, insistió con nuevos aumentos de las tasas del IVA, con la reimplantación «transitoria» del IRP y con la utilización del SMN como variable de ajuste permanente.

A su vez, el doctor Batlle, que en su discurso electoral proclamaba a los cuatro vientos «un ajuste fiscal al revés, eliminando impuestos porque la ciudadanía no está en condiciones de pagar más tributos», impuso tres ajustes fiscales, creó más de 16 nuevos impuestos, agregó nuevas franjas al IRP, ensanchó su base de aplicación y elevó sus tasas a niveles de hasta el 20%.

Hoy, cuando un nuevo gobierno, sobre nuevas bases y nuevas visiones socio económicas ensaya una reforma tributaria «en serio», «integral», que implica a la estructura impositiva, a los organismos de recaudación, a la filosofía del modelo, que deja sin efecto impuestos ineficientes, que rebaja las tasas del IVA, que deroga por fin el IRP., que pone fin a situaciones de privilegio tributario injustificadas, y que sienta las bases de un nuevo paradigma –«que pague más quien tiene más»– aparecen las voces y las actitudes de quienes desde la jefatura del poder político de turno impulsaron la situación anterior, presentándose como los «abanderados» en la defensa de los intereses de los jubilados, de las capas medias, de los asalariados.

¡Cuánta hipocresía! ¡Cuánta «deshonestidad intelectual»!

Es que el Impuesto a la Renta representa el comienzo del fin del modelo conservador de los privilegios y las evasiones que ellos han apadrinado y sobre el que asentaron su esquema de poder, que hoy se desploma con el ascenso del Frente Amplio al gobierno. Es el inicio de una nueva línea filosófica en materia de tributación, asentada en la justicia y la solidaridad, por oposición a la concentradora, egoísta y regresiva del modelo neoliberal. Es el triunfo de la justicia social, por sobre el paradigma de «la cultura del éxito».

El debate está planteado en esa perspectiva, en esa confrontación ideológica.